Entre los temas prioritarios de este año está la revisión del impacto del incremento del 10% al salario mínimo, informó la viceministra de Administración del Trabajo del Ministerio de Trabajo (Mintrab), Damarys Oliva García, quien representa al sector gubernamental ante esa comisión.

También se analizará la actualización del mercado laboral de Guatemala y el efecto de la implementación del modelo de circunscripciones económicas, en el que se clasificó al país para la fijación del salario mínimo.

La CNS tiene a su cargo emitir el dictamen razonado que se remite a la ministra de Trabajo, para que luego el presidente de la República tome las decisiones correspondientes.

Impacto del aumento

La viceministra indicó que una de las prioridades este año será evaluar el impacto del incremento del 10% al salario mínimo aplicado en 2025.

Consultada sobre si dicho aumento podría incentivar la informalidad o beneficiar al sector privado, Oliva respondió que el tema aún debe analizarse. No obstante, afirmó que las reacciones han mostrado mejoras en competitividad, productividad y producto interno bruto, sin que representen un retroceso. Agregó que sin duda el tema será planteado por el sector empleador dentro de la CNS.

Afirmó que dentro del diálogo tripartito se pueden alcanzar consensos sin perjudicar a nadie. “No es nuestro interés como Comisión Nacional del Salario ahorcar al sector empleador, ni mucho menos, sino abordar los temas con madurez política y social, para enfrentar las situaciones del país”, expresó.

El aumento a la paga mínima para el 2025 fue de 10% para actividades agrícolas y no agrícolas, y de 6% para maquilas y exportación.

Guido Ricci, representante del sector empleador, opinó que es adecuado empezar por analizar los efectos del incremento salarial de 2025. Sin embargo, también consideró necesario revisar los efectos acumulados de años anteriores, dado que el salario mínimo está por encima de las posibilidades de muchas empresas, especialmente en el interior del país, donde los salarios reales son más bajos que el mínimo fijado.

Añadió que se requiere una política de empleo que facilite la formalización de los trabajadores, ya que el enfoque exclusivo en quienes ya gozan del salario mínimo ignora la situación del 70% de la población trabajadora que está en la informalidad.

Mientras que, Franky Pozuelos, representante del sector laboral, coincidió en la necesidad de analizar el impacto del aumento, pero subrayó que para definir el salario de 2026 se debe contar con datos actualizados sobre empleo, gastos e ingresos de los hogares, comportamiento de los precios y considerar que, en algunos productos, aunque no haya aumento de precio, se ha reducido el tamaño o el peso de las presentaciones, afectando al consumidor.

Pozuelos afirmó que eso sucede con productos como la tortilla, el pan y diversos alimentos, donde se paga el mismo precio, pero se recibe menos producto.

Consultada sobre si hay un plan para ajustar el salario mínimo a la canasta básica en 2026, la viceministra explicó que tanto esta como la canasta básica ampliada son factores clave que se analizan en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística, a través de encuestas y estadísticas.

También subrayó que no se puede trabajar al margen de factores económicos cruciales, y que el Ministerio de Trabajo, como ente rector de los derechos laborales, también debe considerar las posibilidades económicas de los empleadores.

En cuanto a la posibilidad de repetir el aumento de 2025 en 2026, la funcionaria prefirió no emitir opinión, indicando que es necesario analizar los datos y condiciones actuales.

Circunscripciones económicas

La viceministra comentó que se hará un análisis integral para verificar si se mantienen las circunscripciones económicas actuales o si se incrementan. Recordó que estas solo llevan dos años y medio de implementación, por lo que es necesario evaluar su impacto.

Añadió que, al establecerse las circunscripciones, se argumentó que el costo de vida en los departamentos es menor que en el departamento de Guatemala, pero ese aspecto debe analizarse con base en estadísticas y encuestas, incluyendo su influencia en la formalización del empleo.

En tanto Ricci manifestó que deberían existir más circunscripciones económicas, ya que con ellas se evalúan mejor las posibilidades de cada comunidad y podrían facilitar la creación de empleo formal en el interior. No obstante, admitió que no se ha profundizado en cuántas deberían existir ni qué áreas deberían abarcar cada una.

El sector laboral, por su parte, considera que las circunscripciones económicas son discriminatorias al fijar salarios diferenciados por región. Pozuelos sostuvo que, aunque se prometió que atraerían inversión y generarían empleo en el interior, esto no ha sucedido tras tres años de implementación. También destacó la necesidad de mano de obra calificada y la participación de instituciones como el Intecap.

Añadió que hay regiones con mayor pobreza donde los precios son iguales o incluso más altos que en el departamento de Guatemala, como Huehuetenango y Quiché.

Desde 2023 se implementaron seis salarios mínimos distintos, divididos en dos circunscripciones económicas (CE): CE1 (conformada por el departamento de Guatemala) y CE2 (por resto de departamentos del país); y por actividad económica: agrícola, no agrícola y maquila y exportación.

Deportaciones, entorno económico y aranceles

Acerca del impacto de las deportaciones y las remesas, la viceministra indicó que se analizará el flujo económico derivado de estos factores, en colaboración con entidades como la Junta Monetaria, el Ministerio de Economía y el IGSS.

La Comisión Nacional del Salario (CNS) es un órgano técnico del @MINTRABAJOGuate y está conformada por dos representantes titulares y dos suplentes de cada uno de los sectores: gubernamental, patronal y laboral. Así como de otras entidades @prensa_librepic.twitter.com/OQhzc5AoOh

— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) May 27, 2025

Ricci subrayó que, aunque Guatemala presenta condiciones económicas estables —como la reciente mejora en la calificación del país por parte de S&P—, en un entorno internacional inestable es necesario ser precavidos.

Pozuelos agregó que deben analizarse los impactos del entorno actual para generar medidas compensatorias para las familias, en vista de las secuelas de la pandemia, la inflación, las guerras y las políticas migratorias y comerciales de Estados Unidos, que también afectan las condiciones de empleo.