Sucesos y revelaciones se han sucedido a partir de la incursión fronteriza de policías mexicanos en La Mesilla, Huehuetenango, tras el enfrentamiento en el cual fue abatido el presunto capo guatemalteco Baldemar Calderón Carrillo, alias Tío Balde, el 8 de junio último. Las autoridades mexicanas lo tenían catalogado como un “jefe de plaza” del cartel denominado Chiapas-Guatemala y en nuestro país su prontuario incluye nexos con el ataque armado contra la estación policial de Salcajá, en el 2013, en el cual fueron ultimados nueve agentes policiales por órdenes del narco Eduardo Villatoro Cano, sentenciado en el 2018 a 372 años de cárcel por esa masacre. Los policías ultimados habrían estado involucrados en el robo de un cargamento de droga.

El ingreso de agentes policiales mexicanos en territorio guatemalteco es una ofensa a la soberanía nacional. En este mismo espacio se manifestó, a raíz de dicho incidente, la necesidad de coordinación y cooperación entre las fuerzas de seguridad de ambos países. Sin embargo, la sospechosa conducta de los agentes policiales guatemaltecos y la total descolocación, azoro o confusión de los efectivos militares presentes en tan estratégico punto generaron cuestionamientos.

Las dudas se agravan y se convierten en preocupación con la denuncia presentada ayer en el Ministerio Público por la cartera de Gobernación en contra de los 12 agentes de la Policía Nacional Civil, por su presunta implicación con grupos ilícitos. Si bien la Inspectoría General de la PNC empezó a investigarlos tras el incidente, cabe cuestionar si no existían mecanismos internos y confidenciales de monitoreo de su desempeño. Es obvio e histórico que tal paso fronterizo es una codiciada exclusa de traficantes y la tentación de cohechos es permanente.

¿Será que los policías mexicanos temían la colusión de sus contrapartes? Las declaraciones del gobernador de Chiapas fueron directas y elocuentes. Pero lo que realmente documenta el alcance de redes delictivas de esa región fue la revelación de una corte de San Diego, California, que hizo público el 13 de junio último —a raíz de la balacera en La Mesilla— un expediente en contra de Édgar Calderón Calderón, capturado en Francia en el 2023 y extraditado a Estados Unidos en el 2024, y sentenciado a prisión en febrero del 2025, tras admitir cargos de tráfico de drogas. Su padre, el fallecido Baldemar Calderón, también es mencionado junto a otros 12 guatemaltecos acusados de trasegar droga.

Calderón Calderón se declaró culpable y admitió que desde al menos 2017 hasta el 31 de mayo del 2019 conspiró con otros para distribuir cocaína, incluyendo colaboración con un cartel de La Mesilla. La temporalidad de esos sucesos conduce a pensar en los partidos políticos señalados de tener nexos con mafias, tales como UCN, el cual fue cancelado y cuyos integrantes más conspicuos migraron a Vamos. Tampoco queda fuera del ojo público la agrupación Todos, que albergó durante siete años al narcodiputado Armando Ubico, quien fue sentenciado a 18 años por tráfico de drogas por un juez de Texas, en febrero último.

Las autoridades de Gobernación están obligadas a supervisar la conducta, el patrimonio y las relaciones de sus integrantes; el Ministerio Público tiene otro tramo de esa tarea, a través de la denuncia interpuesta, aunque sus métodos especiales podrían darles otros indicios. Finalmente, en el terreno político, el suceso de La Mesilla vulneró la soberanía, pero más aún la afrentan los partidos que pretenden relajar los controles del TSE en contra de financiamientos oscuros.