Hace pocos días, el presidente Bernardo Arévalo lanzó en las redes sociales el siguiente mensaje: “Nuestro país debe elegir un camino: estar del lado del trabajador honrado, o del crimen organizado. Este Gobierno ya eligió. Presentaremos al congreso una nueva Ley Antilavado. No es una ley más: es un golpe clave al corazón del narcotráfico y del crimen organizado. Porque no hay narcotráfico sin lavado”.

Las redes inmediatamente se activaron más de lo usual a favor y en contra de dicha iniciativa, que ya venía trabajándose técnicamente desde el 2020, pero que nunca fue presentada en la legislatura anterior. Le dejo a usted adivinar por qué, pero puedo imaginar que la trazabilidad del dinero jamás le ha gustado a quienes conforman el Pacto de Corruptos. Sin embargo, la tendencia actual de los países va en esa dirección: mejorar las leyes antilavado y eso siempre se puede hacer siguiendo la ruta del dinero.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es la institución intergubernamental creada en 1989 para desarrollar políticas que apoyen el combate de lavado de dinero y de la financiación del terrorismo. Es el GAFI el que establece el estándar internacional para el control y combate de ambas actividades, por lo cual cualquier iniciativa legal antilavado, se basa en los mismos criterios técnicos internacionales. Los países que no cumplen entran a una lista gris. A Guatemala le urge adoptar una normativa que responda al lavado de dinero, no solo porque la norma anterior es de 2001 y 24 años después resulta obsoleta; es porque su implementación es urgente en un narcoestado corrupto, y porque no queremos entrar en la lista gris. Entrar en ella tendría efectos muy negativos para Guatemala, como limitar la relación del sector bancario nacional con el internacional, hacer más complejas las transacciones del país con el resto del mundo, limitar la inversión extranjera, entre otros, además del difícil y costoso proceso que implicaría salir de la lista.

En la iniciativa presentada por el gobierno de Arévalo, hay un par de diferencias de enfoque, si la comparamos con anteriores iniciativas: más que un enfoque basado en la represión, incorpora la gestión basada en riesgo, por lo cual termina siendo preventiva. Busca evitar, más que castigar, y contiene medidas tempranas de mitigación. Permite la identificación inicial del tipo de negocio y del beneficiario final, y aunque se plantea que la figura del beneficiario final sea confidencial en un inicio, el objetivo es que la población sepa, por ejemplo con los proveedores del Estado, quién recibe el dinero, que es dinero nuestro, y cómo lo gasta.

¿A quiénes les habla esta ley? Al sector financiero (bancos, cooperativas, compañías de seguros, empresas emisoras de tarjetas de crédito, casas de cambio…) y al sector no financiero (notarios, contadores, auditores, sector inmobiliario, vehículos, joyas, criptomonedas, empresas de transporte, prestamistas, microfinancieras, casinos, sociedades que administren fondos o inversiones). Esta iniciativa ya puso a cantar a algunos coristas procorrupción en las redes sociales aquello de “el gobierno busca perjudicar a la oposición”, cuando lo que parece que se busca es dar cumplimiento a los estándares mínimos contra el lavado de dinero. Narcos, evasores, tratantes, corruptos, predicadores y caleteros quizás no estén muy contentos, ya que esta ley da herramientas para que los órganos de control realicen la trazabilidad del dinero y establezcan alertas más tempranas. Y es que, aunque el delito se haga a escondidas, el dinero es trazable. ¿Se aprobará la ley? Las condiciones están dadas y el proceso avanza, el gobierno central la respalda y el país entero ganaría. Es el momento.