La búsqueda de justicia por el asesinato de Melisa Palacios, perpetrado el 5 de julio del 2021, en Zacapa, es uno de los espejos sucios que mejor retratan los retrasos amañados, los evidentes tráficos de influencias y los muladares en los cuales caen ciertas instancias de la justicia guatemalteca. Los acusados por el caso, Fernanda Bonilla y su exguardaespaldas José Marroquín, capturados en Antigua Guatemala en agosto del mismo año, tienen derecho a defenderse en juicio y a la presunción de inocencia. Pero tantas y tan sospechosas trabas en el proceso se suman a las evidencias incriminatorias presentadas por la Fiscalía.

Cabe recordar que el 7 de diciembre de aquel 2021, el entonces juez de Zacapa, José Maximino Morales González, le cambió a Bonilla el delito de asesinato por el de “homicidio en estado de emoción violenta”, del cual ella misma presumió ante la prensa cuando se aprestaba a una audiencia de aceptación de cargos con el obvio fin de recibir una pena conmutable. Ese cambio de delito fue revertido, pero nunca se borró la duda sobre el juzgador, quien se excusó del caso en el 2022 y la anterior CSJ le retiró la inmunidad por esa causa. Pese a las dudas, Morales fue movido a un juzgado de la capital, por decisión del entonces presidente de la CSJ, Teódulo Cifuentes: otro espejo que solo refleja sombras.

Ayer se suspendió la audiencia de presentación de pruebas en contra de los presuntos victimarios de Palacios, porque el abogado defensor de Bonilla reportó estar fuera del país, pese a que la audiencia se programó mucho antes y tuvo tiempo de presentar un amparo que fracasó. La audiencia se pasó para el 5 de enero próximo. Palacios fue ultimada con saña, golpeada sin misericordia con una piedra y su cuerpo fue hallado en un terreno desolado. Su caso es emblemático y la exigencia de justicia, unánime.

Mensajes de texto entre Palacios y Bonilla delatan cómo habría sido engañada, y existe un audio en el que suplica por su vida. Debido a los sucesivos vicios y rezagos del proceso en juzgados de Zacapa y Chiquimula, el caso fue trasladado el 7 de julio último a la capital. El 3 de septiembre, la jueza Carol Berganza resolvió enviar a juicio a los encartados. La defensa interpuso una recusación, que volvió a atrasar el proceso, arguyendo supuesta enemistad, para tratar de cambiar de instancia, quizá en espera de otro juez tipo Morales González. La marufia fue denegada. La incomparecencia de la defensa, ayer, huele a treta, pero solo retrasa lo inevitable.

Ante el aplazamiento, la madre de la víctima, Anabella Chacón, dijo estar cansada de tantos retrasos de semanas, de meses, de años. Pero ella ha resistido amenazas, intimidaciones y la estrategia de agotamiento, por un inefable amor en busca de dignificar el recuerdo de su hija. Cada prórroga, cada subterfugio, cada recurso malicioso es una afrenta contra el dolor de una familia que lleva más de cuatro años esperando que comience el debate oral y público. Chacón es el símbolo de padres, madres, hermanos, hijos que esperan justicia en otros casos de violencia.

Este juicio ya no lo detiene nadie, y será emblemático porque se trata de la capacidad de resistir las distorsiones, vencer las perversiones y romper los diques que tratan de bloquear a la justicia o de convertirla en una ordalía manipulada. Hay demasiados retrasos acumulados que contrastan con la celeridad de otros casos. Basta ver cómo a Jose Rubén Zamora le siguen prolongando la cárcel mediante dilaciones. Por cierto, el juez Morales González fue trasladado al juzgado que lleva uno de los procesos en contra del periodista, lo cual abona a la tesis de la estratagema de máxima dilación.