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Diputados presentan y aprueban iniciativa 6890 para reformar la prisión preventiva

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Diputados presentan y aprueban iniciativa 6890 para reformar la prisión preventiva
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Un grupo de diputados presentó y el pleno aprobó la iniciativa 6890 con 143 votos, las reformas al Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso, con el objetivo de que la prisión preventiva sea una medida excepcional, necesaria, proporcional y de duración limitada.  La iniciativa, que fue conocida esta noche durante la plenaria, sustituye el […]

Un grupo de diputados presentó y el pleno aprobó la iniciativa 6890 con 143 votos, las reformas al Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso, con el objetivo de que la prisión preventiva sea una medida excepcional, necesaria, proporcional y de duración limitada.

La iniciativa, que fue conocida esta noche durante la plenaria, sustituye el Decreto 23-2026, que reforma el Código Procesal Penal (Decreto 51-92) y establece que la prisión preventiva no se exceda de un año. Esta ley fue vetada por el presidente Bernardo Arévalo, así como por los diputados.

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NUEVA PROPUESTA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA

La propuesta está fechada el 16 de noviembre de 2026 y tuvo el aval de siete bloques legislativos.

Está firmada, entre otros, por los diputados Álvaro Arzú Escobar, del bloque Unionista; José Carlos Sanabria y Raúl Barrera Robles, oficialistas; Ronald Portillo Cordón, Vamos; Edin Mejía y Gerson Barragán, ambos de Viva; Cornelio García, de Todos; José Adolfo Quezada, independiente; Jorge Mario Villagrán, Partido Azul; Luis Fernando Aguirre, Cabal; y José Inés Castillo, UNE.

La exposición de motivos señala que la prisión preventiva «nunca» debe ser una pena anticipada y sostiene que la seguridad ciudadana se fortalece con un proceso penal ágil y con jueces que decidan sobre la libertad con base en prueba.

Los diputadosadvierten que, en la práctica, la medida se decreta de forma automática por la naturaleza del delito, sin analizar el peligro de fuga o de obstaculización.

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SON 17 ARTÍCULOS LEÍDOS EN LA PLENARIA

La propuesta, de 17 artículos, establece cinco ejes:

  • El primero es la audiencia de primera declaración dentro de las 24 horas siguientes a la aprehensión, sin que la persona sea trasladada antes a un centro de detención. Si la captura ocurre en día u hora inhábil o fuera de la jurisdicción del juzgado, el Juzgado de Turno realizaría la audiencia, y se admite la videoconferencia con consentimiento del sindicado.
  • El segundo eje traslada la carga de la prueba al Ministerio Público (MP), que deberá aportar medios de convicción suficientes para acreditar el peligro de fuga y la obstaculización a la verdad. Además, el récord migratorio no podrá usarse en contra del sindicado cuando sus salidas del país hayan sido por trabajo o recreación.
  • El tercer eje fortalece las medidas sustitutivas, entre ellas el control telemático, con posibilidad de exonerar el costo a quien no pueda pagarlo. Se priorizarían para mayores de 65 años, personas con discapacidad o enfermedad grave, mujeres embarazadas o en los nueve meses posteriores al parto, y quienes sean la única persona a cargo de dependientes. No procederían en casos como reincidencia, homicidio, asesinato, violación, secuestro, extorsión y delitos de la Ley Contra la Narcoactividad.
  • El cuarto eje fija plazos con consecuencias. Si a los tres meses del auto de prisión preventiva el MP no ha solicitado concluir la fase preparatoria, el juez le dará tres días y, de persistir la omisión, ordenará la clausura provisional. También deberá sustituirse la prisión preventiva si no se concluye la audiencia intermedia en dos meses o si no inicia el juicio en tres meses.
  • El quinto eje crea la Unidad de Control de Medidas de Coerción, a cargo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que centralizaría información sobre las personas detenidas y daría seguimiento a los plazos.

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ENTRADA EN VIGOR DENTRO DE UN AÑO

El proyecto establece que entraría en vigor 12 meses después de su publicación en el diario oficial, salvo el artículo 16, que lo haría ocho días después. Ese artículo faculta al Ejecutivo a readecuar el presupuesto para asignar Q50 millones al Organismo Judicial para la implementación.

La iniciativa llega tras la aceptación, este 17 de noviembre, del veto presidencial al Decreto 23-2026, sobre el mismo tema.

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