Los diputados José Carlos Sanabria Arias y Mirna Victoria Godoy Palala, ambos electos por el partido oficial el Movimiento Semilla, presentaron la Iniciativa 6576 “Ley de Agilización de la Inversión Pública”,la cual provocó críticas entre los parlamentarios durante la 11va Sesión Extraordinaria del Congreso.

A las opiniones en contra de la iniciativa se une el rechazo de la Cámara del Agro y también el Cacif que se pronunciaron en contra de la misma.

Entre algunos temas, el proyecto de ley establece declarar como urgencia nacional las fases de preinversión, estudios, diseño, inversión, construcción, equipamiento, supervisión y mantenimiento de proyectos estratégicos en sectores prioritarios como salud, educación, cultura, deporte, seguridad, movilidad, agua y riego.

Al mismo tiempo, la iniciativa proponer brindar facultades de contratación directa o por cotización, sin obligación de realizar licitación pública por parte del gobierno central, municipalidades y Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes); contratar proveedores extranjeros; así como autorizar convenios con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.

De aprobarse la normativa, tendría una vigencia de tres años y también redefinirá las autoridades competentes para autorizar contrataciones, además de aumentar el rango para la modalidad de compra por licitación de Q900 mil a Q2 millones.

De esta cuenta, La Hora habló con analistas, quienes resaltaron que la aprobación de la iniciativa marcaría un retroceso, a la vez que recordaron las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado que fue aprobada durante la administración de Alejandro Giammattei.

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QUEZADA: RETROCESO

El analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Francisco Quezada, recalcó que la propuesta de ley es un intento de retroceder a las prácticas de legislación en el sentido de fiscalizar y tratar de reducir las discrecionales de quienes están a cargo del Estado, a la vez que pretende decir que “esta administración es honesta y las anteriores no lo fueron”.

“Entonces, si fuera en otra administración que hubieran tomado la misma postura, hubiera sido sumamente criticado por el actual oficialismo”, resaltó Quezada, además mencionó que el gobierno de Bernardo Arévalo conocía las reglas del juego, es decir como se ejecuta en el Estado, basados fundamentalmente en la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que recalcó que deberían de haber tenido planes, ya que sabían que la ejecución del Estado siempre va a ser lenta porque se tienen muchos controles basados en ensayo-error por temas de falta de transparencia.

Según el profesional del derecho, el proyecto de ley representaría un retroceso e incluso una contradicción, comparado con la iniciativa de Ley de Lavado de Activos, que presentó el Ejecutivo, ya que sería una legislación muy controladora, comparada con la iniciativa de agilización que es “totalmente relajada”.

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También, el experto recordó que durante el gobierno de Alejandro Giammattei se aprobaron reformas a la Ley de Contrataciones, por lo cual afirmó que cada administración se enamora de su proyecto y cree que “son los honestos y los deshonestos los demás”.

En esta línea, sostuvo que la naturaleza humana, y sobre todo cuando se tiene mucha discrecionalidad, se tiende a fallar, por lo cual el país tiene leyes muy controladoras para la ejecución pública, las cuales hacen lenta la ejecución, y que merecen revisarse, pero no deberían de convertirse en un cheque en blanco, porque al final las “tentaciones serían tan grandes que caeríamos en lo mismo”.

Al mismo tiempo, Quezada destacó que la actual legislatura ha “metido un pie” en querer romper la fiscalización, ya que han creado decretos que son desiguales con el resto de la ejecución pública.

Según explicó, poco a poco los congresistas quieren ir desamarrando el tema de los Consejos de Desarrollo para prorrogar el periodo de ejecución para más de un año, por lo que señaló que están tratando de relajar las reglas, lo cual sería peligroso.

“No es este intento, que es muy burdo, pero ya ha habido, no intentos, sino temas reales de varias leyes, donde la ley de contrataciones no se aplica”, agregó el abogado.

SE TIENDE A ABUSAR

Asimismo, el analista del CIEN subrayó que se deben revisar las leyes y los temas de candados y transparencia, para ver si no son exagerados, y si no ahogan la ejecución pública, pero lamentablemente, en varios periodos cuando se van al extremo de relajar, la discrecionalidad de cada individuo se ha visto materializada en acciones de corrupción y de enriquecimiento ilícito.

“Y por eso hoy tenemos leyes tan drásticas que sí deberían de relajarse para permitir al buen usuario poder trabajar en el Estado, pero somos un ensayo error en el sentido de que cuando hay fuentes, donde puede haber amplia discreción, se tiende a abusar”, indicó.

Por ello, Quezada recordó que existieron abusos como en el tema de los fideicomisos, en las ejecuciones del Estado a través de tercerización.

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De acuerdo al profesional del derecho, existen varios ejemplos en donde la excusa fue el bajo nivel de ejecución, por lo que se abrieron determinados candados con una buena y que hicieron bien al principio, pero después cayeron en malas manos e hicieron un mal uso, por lo cual recalcó que “lejos de haber avanzado, retrocedimos”.

LINARES: SI SE FLEXIBILIZA, SE AMPLÍAN CORRUPCIÓN

El analista Luis Linares resaltó que la iniciativa de ley sentaría un pésimo precedente, porque el próximo gobierno va a hacer lo mismo, porque el proyecto tendrá una duración de tres años.

“Serviría para el próximo gobierno también, porque estamos a mitad del período. Le quedan dos años y medio al actual gobierno. Trascendería al siguiente gobierno y sería un pésimo precedente, porque qué impedimento tendría o qué justificación habría para que el próximo gobierno, considerando las mismas razones que la actual, plantee prorrogar o emitir una nueva ley, e incluso aumentando los mínimos”, afirmó.

En esta línea, sostuvo que sería un pésimo precedente porque busca congraciarse con los alcaldes y diputados que están detrás de ellos para realizar procedimientos de contratación y adquisiciones que no son competitivos, lo cual ha sido una de las principales fuentes de corrupción en el sector público.

De esta cuenta, remarcó que Semilla estaría cometiendo un terrible error al no pensar en capacitar a su personal o al personal de la administración pública en el manejo de la ley de contrataciones, y eventualmente simplificar algunos requisitos.

De acuerdo a Linares, el problema con la Ley de Contracciones es que si se flexibiliza, se amplían las oportunidades de corrupción.

También, resaltó que la administración pública está invadida por la corrupción en todos sus niveles, por lo que plantear y reducir la competencia en los procedimientos de adquisiciones es lo contrario a lo que el gobierno de Arévalo ha sostenido, respecto a que el 40% del presupuesto se va en corrupción, por lo que subrayó que “ahora se van a ir más”.

ACTUANDO COMO GIAMMATTEI

Asimismo, Linares afirmó que con la iniciativa, la administración de Arévalo está actuando exactamente igual que el gobierno de Giammattei y de Jimmy Morales, cuando justificaron la eliminación o reducción de los requisitos con la necesidad de ejecutar en forma más ágil los recursos de inversión.

“La corrupción está presente. Entonces, lo que parece una buena intención resulta favoreciendo a los corruptos”, remarcó, y agregó que “habiendo tanto ladrón. Digamos, si yo vivo en un barrio que está lleno de ladrones, que está copado por la delincuencia, cualquier candado que quite va a ser inútil y los demás, porque por ahí se van a entrar”.

De esta cuenta, remarcó que quitar candados es inoportuno, por lo que sostuvo que hay que limpiar la casa, hay que tener la administración pública proba y transparente, y luego cuando se tenga “ángeles en lugar de demonios”, se podrá confiar para quitar los requisitos, pero antes no.

CAMAGRO CRÍTICA PROPUESTA

De igual forma, la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro) expresó su rechazo a la propuesta de ley, que explicó que propone permitir contracciones y compras estatales por tres años sin controles establecidos en la Ley de Contracciones para ministerios, municipalidades y Codedes.

A su vez, advirtió que eliminar controles no solucionará la baja ejecución presupuestaria que por segundo año limita proyectos esenciales para el país, sino que ampliará la discrecionalidad, incrementará los riesgos de corrupción y clientelismo y compromete la calidad de inversión pública, incluyendo la infraestructura productiva y social que Guatemala necesita para generar desarrollo.

También, hizo un llamado al Ejecutivo, a las comunas y a los Codedes a garantizar una ejecución eficiente, transparente y conforme a la ley, fortaleciendo la planificación y la capacidad técnica de quienes administran los recursos públicos.

🚨 La Cámara del Agro rechaza la iniciativa 6576 que busca compras de gobierno sin controles en ministerios, municipalidades y CODEDES.
Eliminar controles no resuelve la baja ejecución: aumenta riesgos de corrupción y compromete la inversión pública.#Transparencia#SomosElAgropic.twitter.com/UMinHc0FTh

— Cámara del Agro (@CamagroGuate) July 30, 2025

“Exhorta al Congreso a retomar la reforma al servicio civil para profesionalizar la gestión estatal y reducir la dependencia de medidas discrecionales que afectan la institucionalidad”, indicó.

Además, indicó que con más de Q30 mil millones sin ejecutar y una ejecución promedio a mayo inferior al 40%, el presupuesto 2026 debe ajustarse a las capacidades reales de ejecución y priorizar el uso eficiente de los recursos, asegurando que la inversión pública impulse la competitividad y el bienestar de la población.