La arbitrariedad se asocia a la injusticia, es decir a la desprotección de los legítimos derechos e intereses de las personas. La injusticia se manifiesta cuando las personas no tienen acceso a la justicia oficial, cuando ocurren retardos negligentes o maliciosos en la impartición de justicia, cuando los tribunales deniegan justicia en casos concretos, así como cuando los juzgadores, mediante la adopción de decisiones parciales, se tornan en instrumentos de venganzas o se prestan a reprimir, humillar o despojar a opositores y disidentes. Se atribuye a Benito Juárez, exgobernante de México, la frase: “Para mis enemigos, la ley; para mis amigos, la justicia”.

Si bien la finalidad del Derecho es la realización de la justicia, cuando los juzgadores no garantizan los derechos de defensa, al debido proceso, a la tutela judicial eficaz y a la presunción de inocencia de los litigantes o partes (acusados, querellantes), así como no resuelven conforme a la equidad e imponen su voluntad arbitraria, reduciendo los procesos judiciales a meros trámites formales, la legalidad se transforma en insustanciales procedimientos normativos que desembocan en desenlaces infames, canallescos u obscenos, previamente determinados.

Durante la historia patria, la injusticia de la justicia ha imperado, por lo que la población no tiene confianza en la justicia oficial, o sea, en la resolución pacífica de los conflictos de interés. Por el contrario, le teme, la rechaza y la sabiduría convencional aconseja estar lo más lejos posible de ella. La experiencia de quienes se han sometido o han sido sometidos a proceso judicial es que deben tener una alta capacidad de resistencia para soportar largos y engorrosos trámites, impugnaciones longevas, encarcelamientos provisionales indefinidos, parcialidad y lenidad de los juzgadores, un incesante desgaste emocional y una inaudita erosión patrimonial. De ahí que la gente prefiera una mala transacción a un buen pleito, o hacer justicia por propia mano, lo que alienta la violencia.

Los poderes fácticos frustraron el conato de reforma judicial que se promovió a raíz de los acuerdos de paz, que se sustentaba en el reconocimiento de la independencia e imparcialidad judiciales; la despolitización de la justicia oficial basada en una meritocrática selección de juzgadores; la supervisión, evaluación, transparencia, lucha contra la corrupción y rendición de cuentas de estos, así como la deducción de responsabilidades legales en contra de juzgadores infieles.

Sin duda, la ineficacia de la justicia oficial desprotege los derechos humanos, desalienta la inversión doméstica y extranjera, así como da pábulo al clamor popular por la renovación del sistema de justicia. Por cierto, debe tenerse presente que, con mayor frecuencia, fallos de las altas cortes son revertidos en instancias internacionales, tales como la Corte Interamericana de DD. HH. y tribunales arbitrales.

Por otro lado, debido a que la designación de juzgadores se ha politizado y no responde a una selección por méritos, con apego a los estándares internacionales de independencia e imparcialidad de los juzgadores, algunos, con mentalidad populista, plantean que estos sean elegidos en comicios por el pueblo. En mi opinión, esta propuesta politizaría aún más la justicia oficial, la apartaría del principio meritocrático, alentaría un caprichoso activismo judicial y debilitaría, en mayor medida, los controles de constitucionalidad y legalidad.

Sin embargo, una reforma judicial, que asegure la independencia e imparcialidad de la justicia oficial, es urgente e impostergable.