Miguel Martínez pierde batalla legal en EE. UU. y seguirá sancionado por corrupción
Un tribunal federal de Washington, D.C., resolvió a favor del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y rechazó la demanda presentada por el exjefe del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, quien buscaba ser retirado de la lista de personas sancionadas por presuntos actos de corrupción. Con el fallo, permanecen vigentes el bloqueo de sus bienes […]
Un tribunal federal de Washington, D.C., resolvió a favor del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y rechazó la demanda presentada por el exjefe del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, quien buscaba ser retirado de la lista de personas sancionadas por presuntos actos de corrupción.
Con el fallo, permanecen vigentes el bloqueo de sus bienes en territorio estadounidense y las restricciones financieras derivadas de su designación.
Medios internacionales, como Tampa Free Press, informaron que la jueza federal Beryl A. Howell concluyó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) actuó dentro de las facultades que le confiere la legislación nacional al mantener a Martínez en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN List, en inglés).
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Entretanto, el sitio casemine.com, que recopila información judicial de EE. UU., publicó un escrito en el cual se evidencia que la resolución se emitió el pasado 24 de julio.
Según el expediente, la jueza negó la solicitud de sentencia sumaria planteada por Miguel Martínez y, en cambio, concedió la petición presentada por el Departamento del Tesoro y la OFAC, con lo que dio por cerrado el caso a favor del Gobierno de aquella nación.
SANCIONADO DESDE 2023
Martínez fue sancionado por la OFAC el 1 de diciembre de 2023, bajo la Orden Ejecutiva 13818, emitida en el marco de la Ley Global Magnitsky.
El Departamento del Tesoro lo señaló entonces por utilizar su cargo como jefe del extinto Centro de Gobierno para influir en adjudicaciones estatales, favorecer contratos al margen de los procedimientos formales de contratación y beneficiar a empresas vinculadas con sus intereses.
Además, las autoridades estadounidenses sostuvieron que solicitó sobornos relacionados con la adquisición por parte del Estado de Guatemala de 16 millones de dosis de la vacuna Sputnik V durante la pandemia de COVID-19.