La carretera Cito-Zarco —que conecta Quetzaltenango con Retalhuleu y la ruta CA-2 Sur Occidente— tiene el código oficial de Cito-180, un nombre que implícitamente la clasifica como “secundaria” en la nomenclatura de rutas del país a pesar de su importancia estratégica. Junto con la de Patulul a Tolimán, son las únicas conexiones funcionales de la Costa Sur con el altiplano. Otras vías son solo maltrechos pasos de terracería y caminos de herradura que continúan tal cual un siglo.

Esta infravaloración nominal de la Cito-180 ha sido, por desgracia, recurrente a lo largo de varios gobiernos. Se han efectuado algunos recapeos y una ampliación de 14 kilómetros en su aproximación a Quetzaltenango, pero en su mayoría sigue impactada por las inclemencias del clima, el deterioro por el uso intenso y la falta de mantenimiento preventivo para evitar derrumbes como el ocurrido en el kilómetro 189, en Retalhuleu. Debería tener ya otra clasificación, no solo en el papel, sino entre los planes de infraestructura estratégica. El socavón requiere de una reparación de calidad y rápida, pero el reto de fondo es emprender su ampliación en los tramos donde sea posible, debido a la prolongada pendiente. En el 2017, el Programa Nacional de Competitividad proponía la reconstrucción total de esta vía como una necesidad nacional.

La Cito-180 une al mayor núcleo metropolitano del occidente del país —la conurbación de la cabecera altense y municipios vecinos, de intensa actividad agrícola, industrial y de servicios— con el foco turístico y comercial más importante del suroccidente, conocido en el mundo turístico como Guatemágica, que incluye los hostales y parques del Instituto de Recreación de los Trabajadores, visitados por miles de personas cada semana.

Por supuesto que cae un aluvión de críticas sobre las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, por la crisis de paso en ese tramo, pero, sobre todo, por dar continuidad a la imprevisión heredada de previas administraciones. No se pueden excusar tras año y medio de gestión. Los síntomas de deterioro venían desde el invierno anterior y no se atendieron. Pero a lo largo de la ruta CA-2 Occidente, que conecta México con Escuintla, sobre todo del kilómetro 160 en adelante, existen numerosos focos de hundimiento, en puentes sobre ríos pequeños que se vuelven furiosos caudales en la época de lluvias.

El ojo inexperto puede advertir que ya hay barandales casi en el aire, piedras expuestas y taludes que, si no ceden hoy, lo podrían hacer mañana. Representa menos dinero y muchísimo menos costo de oportunidad repararlos ahora, ¿pero quién monitorea la infraestructura? O, como se suele decir, en tono de sorna acerca de sucesivas administraciones, ¿están esperando a que se caiga para que sea más jugoso el negocio? El ministro Miguel Ángel Díaz Bobadilla tiene ante sí un reto formidable y pasará a la historia según logre resolverlo en tiempo récord o no.

Por supuesto, no está de más mencionar que varios de los pasos en riesgo antes mencionados ya no deberían existir si se hubiera ejecutado de manera correcta y sin truculencias el contrato otorgado a la nefasta constructora brasileña Odebrecht, que tantos estragos causó en varios países latinoamericanos. Pero ello no sería posible sin el concurso de funcionarios charlatanes que permitieron lesivas concesiones en el contrato a espaldas de la ciudadanía. Han sido esas decisiones retorcidas, convenencieras y miopes las que tienen en estado de postración a la red vial del país. De nuevo, no hay tiempo para excusas, solo para respuestas eficaces.