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OEA expresa preocupación por postulación de Consuelo Porras a magistrada de la CC
La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Guatemala expresó su preocupación este lunes por la postulación de la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, como magistrada titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) por medio del Consejo Superior Universitario (CSU). En el comunicado, la Misión señaló […]
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La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Guatemala expresó su preocupación este lunes por la postulación de la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, como magistrada titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) por medio del Consejo Superior Universitario (CSU).
En el comunicado, la Misión señaló que la CC es una institución clave para el Estado de derecho, la supremacía constitucional y el equilibrio entre poderes, por lo que cualquier designación debe realizarse por medio de órganos legítimamente integrados, con procedimientos transparentes y criterios objetivos.
En ese sentido, recordó que el CSU continúa sin cumplir una sentencia de la propia CC que ordena su renovación, lo cual, advirtió, pone cualquier designación en un escenario “cuestionado” y susceptible de impugnaciones.
La OEA resaltó que los procesos de designación de magistraturas deben establecerse por criterios de idoneidad, probidad, independencia e integridad, además de una evaluación pública y transparente de los antecedentes de las personas postuladas.
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Dicha evaluación, indicó, debe considerar la conducta funcional previa, el respeto a los derechos humanos y el impacto institucional de las decisiones adoptadas en el ejercicio de cargos públicos.
PREOCUPACIÓN POR ACCIONES DEL MP
En relación con la postulación de Porras, la Misión recordó que el Consejo Permanente aprobó en diciembre de 2023 una resolución en la que los Estados miembros expresaron su “grave preocupación” por acciones del MP que, según el organismo, atentaron contra el orden democrático y constituyeron un abuso de poder.
A ello se suman señalamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, mecanismos de Naciones Unidas y organizaciones especializadas, que han documentado un patrón de criminalización contra operadores de justicia, defensores de derechos humanos y periodistas durante su gestión.
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Por su parte, la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, advirtió sobre una «política de criminalización» impulsada desde el MP, bajo la cual decenas de jueces, fiscales, abogados, periodistas y autoridades indígenas han enfrentado procesos penales.
La Misión remarcó que la eventual postulación de una persona cuyo ejercicio de la autoridad ha sido cuestionado a nivel internacional exige un fuerte escrutinio, una evaluación rigurosa y vigilancia pública, conforme a los estándares interamericanos de independencia judicial y probidad.
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