El país donde las escuelas son invadidas por la soledad y los pizarrones se llena de polvo antes que de ideas. La educación se ha convertido en un tema retórico, que, en el interminable realismo mágico de este país, permite que 300,000 niños no reciban clases por más de un mes; que un sindicalista tenga más poder que la ministra de Educación; maestros contagiados por la epidemia de la voracidad de tomar la cosa pública acurrucados en carpas insalubres de moral y ética sembradas frente a la Plaza; que magistrados se apropien del derecho y se aparten de la justicia, permitiendo que se mantenga la opacidad con la que cubren al negociante de la educación; y una ciudadanía que, si no despierta, seguirá condenada a un futuro incierto.

Esta historia puede ser contada desde cada trinchera, con diferentes matices y versiones, como mejor convenga. Pero lo cierto es que verdad solo hay una.

Cuando la actual ministra de Educación tomó posesión, ya existía un acuerdo ministerial, el cual fue heredado del gobierno anterior, que declaraba confidencial el pliego de peticiones. Tenía la primera oportunidad en esta historia de romper con la opacidad de este pacto. Pero no lo hizo. Al contrario, por asuntos de ego institucional, derogó ese acuerdo… Y emitió otro igual. Un “nuevo” acuerdo ministerial que repetía, palabra por palabra, la misma cláusula de confidencialidad.

Las reuniones comenzaron a realizarse todos los miércoles, sin convocatorias públicas, sin actas visibles, sin una sola palabra. La ciudadanía no sabía nada. Y la educación, una vez más, quedaba como rehén de acuerdos políticos. Un grupo de ciudadanos ejercieron su derecho: acceder a la información pública. Solicitaron el pliego de peticiones. Y con esta petición quedó en evidencia que las negociaciones ya estaban en curso. No les quedó de otra. Tuvieron que salir a decir que estaban “del lado de la transparencia”. Es ahí donde inicia la ruptura entre el sindicato y el Ministerio de Educación.

Además, la Corte de Constitucionalidad conoció una acción de inconstitucionalidad en contra del fragmento del acuerdo ministerial que dio vida a la confidencialidad.

Iniciado el proceso, y mientras las autoridades hacían alarde de ser defensoras de la transparencia, mostraban una postura completamente diferente en la vista pública. El Ministerio evacuó la audiencia por escrito, presentando en el memorial una petición que, a todas luces, va en contra de la transparencia, solicitando: “que se dicte sentencia, declarando sin lugar la inconstitucionalidad general parcial (…)”. Así, perdían la segunda oportunidad, esta vez frente a la Corte de Constitucionalidad.

En una verdadera República, la transparencia, la rendición de cuentas y la máxima publicidad de los actos no son opcionales; son principios fundamentales que protegen el Estado de derecho y al ciudadano del abuso, del clientelismo y de la corrupción.

El Ministerio de Educación puede rectificar el camino. Debe recuperar su rol como ente rector de la educación, actuar con valentía y liderazgo. La ministra tiene dos caminos: responder a Joviel o responderles a los guatemaltecos. No se puede servir a dos amos.

La ciudadanía no debemos permitir que la opacidad se instituya como política pública. Porque lo que está en juego no es un ciclo escolar: es la posibilidad misma de construir una verdadera República, con ciudadanos libres, críticos y capaces. No hay República sin control ciudadano. Y no hay control ciudadano sin información pública.