En #Destino del análisis de ALas845 el panel de profesionales discutió sobre el tema, “Economía, inversión pública y calidad del gasto: nuevas voces en vivienda, becas y burocracia”.

El equipo de analistas integrado por Mario Rosales, Cristhians Castillo, Conrado Reyes, José Carlos Ortega y Héctor Pérez debatieron sobre el estado de la economía nacional y la inversión pública, citando temas que han rondado en la opinión pública alrededor de ese ámbito.

La burocracia y el tema del tamaño del Estado

Pérez se refirió al tema de la burocracia y su aumento, y resaltó la percepción de lo que ejecuta el gobierno.

“El que menos ejecuta es el MARN. Lo que había de expectativa es que habría una transformación de matriz y de concreción de nuevos temas. Nos dicen que el nivel de ejecución se incrementó, pero el tema es en qué. Si es en burocracia no se reflejan los cambios. Eso tiene que ver con los cambios de matrices económicas. El asunto es que se gaste de forma eficiente”, dijo.

Ortega fue consultado sobre la tesis del “Estado robusto” y señaló que la población no ha tenido los resultados esperados.

“No hay nada con lo que supuestamente los Estados de Bienestar dan. Nada en educación y otros temas sociales. Con el mayor presupuesto de la historia no se refleja lo que la población espera. No nos enfocamos, porque cuando una familia o institución termina haciendo de todo, no hace nada. Los temas importantes son justicia y seguridad y en eso hay que enfocarse”, resaltó.

Castillo, en su primera intervención, señaló que el debate sobre un “Estado pequeño o grande” ya caducó.

“El ejemplo fue la pandemia, porque la política sanitaria fue controlada por el Estado. Se necesita el Estado y punto. Cuánto cuesta es lo que se debe de definir. Guatemala no se endeuda porque se prefiere tener a la población desnutrida y sin la protección de otros derechos. Todos tienen miedo a perder la salud macroeconómica. Y no estoy hablando de ricos y pobres”, enfatizó.

Recursos a Cocodes podrían ser para campaña del 2026

Reyes por su lado, dijo preferir que existe una “realidad mundial”. “No hay un solo país que carezca de un Estado involucrado en funciones básicas, como seguridad, y establecer instituciones y normas que permitan el desarrollo de los individuos libremente. Además las alternancias en las instituciones que la historia demanda”, señaló. Sobre el presupuesto, resaltó que en el Congreso hubo “una batalla campal” para que se aprobara.

“No se hizo algo diferente que se decía antes de la toma del poder. Casi el 14 % del presupuesto es para pagar deuda. De ese dinero que se prestó y se sigue contrayendo deuda, no se ha gastado en 17 meses ningún solo centavo, y eso es más caro”, explicó.

Castillo agregó que el presupuesto no es ejecutado totalmente por el Gobierno.

“Ahora vamos a hablar de los recursos del sistema de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. El tema es que se llega a esa suma, porque los diputados aprueben una ley para trasladar los recursos de 2024. Si no se ejecutan en 2025, pensarán trasladar la suma en 2026, y tener la chequera para financiar campañas políticas. En los próximos meses veremos una alianza misteriosa para trasladar los recursos no ejecutados del 2025 al 2026”, dijo.

Pérez declaró que existen “enfoques legislativos que causan efectos”. “Vemos iniciativas de ley para trasladar clases pasivas. Cuando se habla con ellos, dicen que no los toman en cuenta. Jubilaciones y comadronas, no decimos que no son temas relevantes, pero no hay una agenda para el traslado de fondos”, resaltó.

La necesidad de la certeza jurídica

Reyes agregó que “más de 100 mil millones se deciden en el Ejecutivo” y citó varios rubros de gasto que a su criterio derivan en una gran responsabilidad en la Presidencia por la baja ejecución en las demás entidades.

Ortega señaló que “no hay capacidad” y resaltó que con escasos recursos se deben “redirigir a lo que se necesita”.

“Hay que preguntarle a la población si hay protección de las pandillas. Lo que hay que tener es certeza jurídica porque plata hay”, indicó.

Sobre el programa de vivienda que impulsó el gobierno, Castillo señaló que se trata de un “fracaso” pero no solo es culpa de la administración actual.

“Hoy se dijo que habían Q9 millones para adultos mayores pero lo trágico es que no se pudo trasladar el dinero y cuántos pudieron haber muerto”, explicó.

Vea el análisis completo: