¿Cómo se compra una elección con el dinero de los tributarios?

El domingo 25 de octubre, Luiz Inácio Lula da Silva ganó su cuarto mandato. Tres semanas antes, en la primera vuelta, Flávio Bolsonaro le llevaba 2.2 millones de votos de ventaja. Lula sumó 10.4 millones de votos en 21 días. Nunca un candidato que llegó segundo a la primera vuelta había ganado la Presidencia de Brasil. ¿Qué cambió en tan poco tiempo? Lula usó el dinero de los tributarios para comprar votos, y lo hizo descaradamente.

El 16 de octubre, el Congreso promulgó la Enmienda Constitucional 141, impulsada por Lula. Reduce la jornada de seis a cinco días de trabajo y baja de forma gradual la semana laboral de 44 a 40 horas. Casi toda la oposición votó a favor. Nadie quiere oponerse a un regalo en plena campaña. A los desembolsos del “programa social” Bolsa Familia les aumentaron el 15% un par de semanas antes de la primera vuelta. Para la segunda vuelta adelantaron el pago de octubre para que los más de 19 millones de familias beneficiarias recibieran el monto nuevo a más tardar el miércoles 21, unos días antes de la segunda vuelta. La excusa oficial fue El Niño. Ese mismo miércoles, Lula envió al Congreso una enmienda para que el transporte colectivo sea “gratuito” los fines de semana y asuetos.

Y está el Desenrola 3.0. Con él, el gobierno compra en subasta, con descuento del 90%, carteras de deudas que llevan más de dos años de atraso. Luego le ofrece al moroso saldar su cuenta con un descuento de hasta ese mismo porcentaje. Lula lo firmó nueve días antes de la primera vuelta. Entre vueltas, lo extendió a los microempresarios y abrió la convocatoria a los bancos.

Nada de esto sorprende. Los políticos sin frenos republicanos siempre gastan de más. Como bien lo recalcó Milton Friedman, “no hay tal cosa como un almuerzo gratis”. El transporte “gratuito” lo pagarán los tributarios, y la industria calcula su costo en algo así como US$3 mil 700 millones al año. La Bolsa Familia no se queda atrás. La semana de 40 horas la pagan los empleadores y quienes no consigan los empleos que ya no se crearán. Y el Desenrola le enseña a quien pagó a tiempo que hizo el tonto. Hay que reconocer que Bolsonaro tampoco ayudó a su causa con sus desprecios ad hominem a Lula en los debates, pero eso palidece ante los miles de millones de piñata.

Queda la otra pregunta. ¿Hubo fraude? No lo sé, pero de que hay dudas, hay dudas. Bolsonaro pide anular la elección porque un magistrado, exabogado de Lula, prorrogó la votación dos horas. Pero la campaña de Bolsonaro también pidió una ampliación. Tampoco prueban nada por sí solas las urnas donde Bolsonaro no sacó un solo voto. Es un reprise de 2022, cuando hubo urnas donde Jair Bolsonaro tampoco sacó un voto. Las dudas tienen su raíz en 2021, cuando la Cámara de Diputados rechazó el voto impreso, que habría permitido recontar en papel. Un sistema que el ciudadano no puede auditar siempre será sospechoso. El mercado le puso precio a la fiesta. El lunes 26, el Ibovespa cayó 13.88%, su peor día desde 2020, y el dólar subió a 5.40 reales.

Hay algo más que huele mal. La misma noche de la elección, la Policía Federal pidió retener el pasaporte de Bolsonaro, y el magistrado Alexandre de Moraes lo ordenó de inmediato. Parte del sustento era una cuenta bancaria en la que, según había informado el Santander esa misma mañana, Bolsonaro no figuraba. El martes, Bolsonaro salió del país rumbo a Estados Unidos. Esa salida debilita su causa. Pero no justifica la prisa de la Policía y del magistrado.

Guatemala vota en 2027, y la tentación será la misma. Un gobierno que reparte dinero ajeno a días de la elección para comprar votos es corrupto, se le vea por donde se le vea. Y el presupuesto propuesto para 2027 apunta en esa dirección. Elegir mejores gobernantes no alcanza; hay que quitarles la chequera. Si no, la elección está a la venta. ¿Y quién paga la cuenta? Usted.