Previo al inicio de la audiencia de primera declaración en la que el Ministerio Público (MP) solicitó ligarla a proceso penal, la sindicalista del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Angelita Martínez, pidió la palabra y se disculpó por haber dicho 24 horas antes que era una testigo protegido dentro del caso Corrupción Semilla.

«Pido disculpas a la fiscal y a usted señor Juez», manifestó Martínez a pesar de que desde su detención afirmó en diversas ocasiones que había dado declaraciones ante la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en calidad de testigo protegida, situación que fue refutada tanto por el MP como por el propio juez Frey Orellana.

«Entonces ha quedado claro ante los medios de comunicación… la testigo pidió disculpas porque no dijo la verdad, ella no es testigo ni es colaboradora eficaz», afirmó Orellana tras escuchar las palabras de Martínez.

Una vez aclarado este punto, se le concedió la palabra a la fiscalía para que imputara hechos en contra de la sindicalista, quien posteriormente fue ligada a proceso penal por el delito de abuso de autoridad en forma continuada.

Caso Semilla: Sindicada, fiscal y juez se señalan de «mentirosos» en audiencia

Es de mencionar que según la FECI, Martínez sí brindo declaraciones en calidad de testigo, pero no bajo protección alguna. La fiscal Leonor Morales afirmó que figuraba en el proceso como la testigo J, y lo único que hicieron fue proteger sus datos.

ARGUMENTO PARA PRISIÓN

Aunque Martínez solicitó disculpas tanto a la fiscal como al juez por sus declaraciones, estas sirvieron para que la FECI solicitará al juez enviarla a prisión preventiva.

Según explicó Morales, su actitud tras su detención, al asegurar que era una testigo protegida y que supuestamente su captura era el pago que le daban a los testigos por declarar ante el MP, era reticente y buscaba alterar la investigación que estos realizaban por el caso.

Por lo que el MP considera que tiene formas de influir en el proceso y entorpecerlo, además de otros aspectos que pidió ser tomados en cuenta para que se le dictara prisión preventiva.

El juez Orellana accedió a la petición del MP y la envió a prisión preventiva a la cárcel Santa Teresa, en la zona 18, mientras dura la investigación, para lo cual la FECI tiene un plazo de 3 meses para concluir.