Washington ha volteado a ver hacia el sur, pero esta vez empleando un lenguaje que no usaba desde la Guerra Fría. Al momento que Donald Trump impulsó la doctrina que cataloga a los cárteles como organizaciones terroristas, la región quedó atrapada en un tablero donde la seguridad ya no es solo un asunto interno, sino un criterio para determinar quién es aliado, quién es amenaza y quién podría enfrentar operaciones militares estadounidenses. América Latina, que durante décadas navegó entre la cooperación y la desconfianza con Washington, descubre que la guerra contra el narcotráfico ya no se libra en mesas diplomáticas, sino en escenarios donde las decisiones se toman con drones, misiles y designaciones de “terrorismo”.

El giro no es solo retórico. La Orden Ejecutiva 14157, firmada en 2025, estableció el marco para tratar a los cárteles como terroristas globales. Esto abrió la puerta a sanciones extremas, intervenciones financieras y, de forma más inquietante, el uso de la fuerza fuera del territorio estadounidense. Los ataques contra embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico —con decenas de muertos— mostraron que la Casa Blanca está dispuesta a llevar esta guerra hasta sus últimas consecuencias. Y aunque México, Colombia y Venezuela han sido los protagonistas del choque diplomático, Guatemala aparece inevitablemente en la ecuación, porque es un punto vital en el corredor estratégico del narcotráfico.

Trump ha dicho con claridad que “cualquier país que permita la producción o tránsito de drogas destinadas a Estados Unidos, puede ser blanco de acciones directas”. No se trata de una amenaza abstracta. Ya insinuó ataques dentro de Venezuela, advirtió a Colombia que “no despierte al jaguar” y ofreció enviar tropas a México para “restaurar el orden”. En este ambiente cargado, Guatemala queda expuesta, no porque produzca drogas en gran escala, sino porque su geografía es parte del flujo logístico que alimenta al crimen organizado. En una guerra que se define por rutas más que por fronteras.

La debilidad institucional guatemalteca no ayuda. Mientras Estados Unidos redefine al enemigo como “narco-terrorista”, Guatemala enfrenta un sistema de justicia desacreditado, ineficiente, debilitado y cooptado por los grupos criminales. Además, una capacidad limitada para asegurar sus costas y fronteras. Esa vulnerabilidad convierte al país en un terreno ideal para las presiones de Washington, que incluirían lógicamente, más cooperación militar, más inteligencia compartida, más presencia naval, más auditoría sobre lo que pasa en el Pacífico. Trump no necesita amenazar directamente a Guatemala, basta con que la nueva doctrina se aplique de manera regional para que el país quede bajo la lupa.

Pero la amenaza no es solo externa. Una designación de grupos locales como “terroristas” podría reconfigurar por completo el sistema judicial guatemalteco, permitiría extradiciones aceleradas, congelamientos masivos de activos y un endurecimiento procesal que, en manos equivocadas, podría terminar siendo un arma política. La historia reciente del país demuestra que la seguridad es un terreno fértil para abusos, cuando no existe un contrapeso institucional robusto.

Aun así, este nuevo escenario también abre oportunidades. Guatemala podría fortalecer su relación con Washington, si toma la iniciativa de robustecer y depurar su sistema de justicia, modernizar puertos, rastrear precursores químicos, blindar fronteras y profesionalizar a las fuerzas de seguridad con apoyo estadounidense. La clave será no llegar tarde, pues cada país será examinado con un criterio implacable, cooperación total o riesgo de convertirse en objetivo.