Hace más de una década, ciudadanos de distintos sectores —productivo, académico, sociedad civil y público— decidieron unir esfuerzos para impulsar cambios en la seguridad y la justicia penal. Así nació la Coalición por la Seguridad Ciudadana, como parte del proyecto Mejoremos Guate, coordinado por la Fundesa. El objetivo principal era construir una estrategia nacional para lograr eficiencia en el sistema de la justicia penal y mejorar la seguridad ciudadana.

Entre 2014 y 2015, el Ministerio Público trabajó en la formulación de la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala. En ese contexto, en el año 2016, instituciones públicas y privadas miembros de la Coalición firmaron el proyecto para la elaboración de una estrategia nacional de seguridad y justicia, el cual consiste en dos etapas.

La primera etapa fue la creación del Flujograma de Justicia Criminal, una herramienta que facilita el seguimiento de los casos, ayuda a identificar cuellos de botella y permite proponer soluciones de forma más precisa. Desde 2021, este instrumento es digital y se actualiza periódicamente con el apoyo de las siete instituciones públicas participantes. (Adjunto el enlace de la plataforma para su observación: https://justiciacriminal.gt/flujograma/bienvenido).

Tener un diagnóstico era importante, pero pronto se evidenció que era insuficiente. Se necesitaban mecanismos concretos para medir avances, señalar retos y orientar acciones. Por eso, el Cien, brazo técnico de la Coalición, inició con la segunda etapa del proyecto creando un sistema de indicadores que complementara el flujograma y ofreciera datos esenciales para evaluar el desempeño institucional.

Medir se volvió clave. Y en justicia penal, donde las demoras, la ineficiencia y la falta de coordinación afectan directamente a la ciudadanía, contar con datos confiables y oportunos se volvió aún más necesario. De ahí surge la nueva Plataforma de Indicadores de Justicia Criminal, que integra 64 indicadores institucionales y cuatro interinstitucionales, permitiendo analizar cargas de trabajo, recursos disponibles y evolución del sistema de manera sencilla y abierta al público. Disponible en https://justiciacriminal.gt/indicadores.

Esta plataforma marca un avance importante. Abre la posibilidad para que la ciudadanía, la academia y las instituciones puedan visualizar brechas, identificar prioridades y construir una visión compartida basada en evidencia. Hoy se puede conocer el uso de recursos, los casos atendidos, los tiempos de respuesta y los retos de cada entidad.

Medir fue solo el primer paso. Consolidar los avances requiere institucionalizar el uso de los indicadores para la toma de decisiones, mantener actualizada la información y fomentar su análisis en los espacios académico, ciudadano e institucional.

El verdadero desafío es diseñar un plan estratégico con la participación de todas las instituciones de la justicia penal que defina prioridades, fije metas, oriente recursos donde más se necesitan, promueva una cultura de mejora continua y la rendición de cuentas.

La experiencia indica que el trabajo conjunto da frutos. La Coalición, el Flujograma y ahora la Plataforma de Indicadores son ejemplos de que, cuando hay voluntad y visión de país, es posible construir instrumentos valiosos para mejorar el funcionamiento del Estado.

Ante las circunstancias actuales, el reto es mayor. Más allá de la tenacidad y el deseo de fortalecer la justicia penal, es indispensable trabajar de manera coordinada. Actuar de forma aislada pone en riesgo los avances logrados. Solo con esfuerzo conjunto será posible construir un sistema eficiente de justicia penal, accesible y digno de la confianza de los guatemaltecos.