Bajo el argumento de mitigar los riesgos en el sistema financiero de EE. UU., el presidente Donald Trump dispuso nuevas medidas que pueden impactar los envíos de remesas familiares al ejercer mayores controles financieros.

La disposición tendrá como objetivo los riesgos asociados con transferencias transfronterizas de bajo monto, el uso de plataformas de pago entre particulares y patrones de retiros o depósitos repetitivos en montos pequeños.

Para ello, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos deberá crear la norma en un período de 60 días.“Las transferencias transfronterizas de fondos de bajo monto se han utilizado para facilitar o cometer financiación del terrorismo, narcotráfico, trata de personas y otras actividades ilegales”, indica la orden ejecutiva, con fecha del 19 de mayo, pero hecha pública ayer.

Además, en un período de 90 días, el secretario del Tesoro, en consulta con los reguladores financieros funcionales federales correspondientes, propondrá cambios a las reglamentaciones de aplicación de la Ley de Secreto Bancario para fortalecer los requisitos de debida diligencia del cliente basados en el riesgo para las instituciones financieras cubiertas.

Esta es la segunda medida adoptada por la actual administración en EE. UU., ya que está vigente la aplicación de un impuesto a las remesas, que significa una medida de control.

Por aparte, en Guatemala está en discusión final la iniciativa 6593, “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”, que también pondría en riesgo las remesas familiares, si no se logra avanzar.

En el primer cuatrimestre del año se han recibido US$8 mil 431 millones por transferencias, lo que equivale a unos Q65 mil millones, con una tasa de crecimiento del 10.5%; sin embargo, estas nuevas disposiciones generan incertidumbre en la cadena. En el 2025, las remesas representaron el 20.7% del producto interno bruto (PIB), según los registros oficiales.

Aumenta controles financieros

Ante las nuevas disposiciones, en Guatemala hay una lectura sobre las posibles implicaciones a mediano y largo plazo.

Lo primero es precisar que el documento de la Casa Blanca no habla directamente de remesas ni anuncia restricciones inmediatas a las transferencias familiares hacia Guatemala, explicó José Estuardo Córdova, director ejecutivo de la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG).

Lo que hace, dijo, es instruir al Departamento del Tesoro de EE. UU. a emitir, dentro de 60 días, un aviso formal a instituciones financieras sobre riesgos asociados con transferencias transfronterizas de bajo monto, plataformas de pago entre particulares y patrones repetitivos de depósitos o retiros pequeños.

“Desde la perspectiva de Guatemala, esto significa que el sistema financiero internacional está poniendo más atención en la trazabilidad del origen y destino de los fondos. Las remesas familiares legítimas no son el problema; el problema es cuando ciertos canales o patrones de operación pueden ser utilizados para ocultar actividades ilícitas, evasión, trata de personas, narcotráfico y otros delitos”, aclaró Córdova.

Enfatizó que la propia evaluación de riesgos de lavado de dinero del Tesoro de EE. UU. identifica vulnerabilidades en pagos P2P y otros sistemas cuando son usados de manera indebida.

“Es importante recalcar: para las remesas familiares legítimas estas medidas no son un problema”, apuntó.

Remesas podrían migrar a la informalidad

En ese contexto, Guillermo Díaz Castellanos, coordinador del Instituto de Investigación en Ciencias Sociohumanistas de la Universidad Rafael Landívar (URL), indicó que lo dispuesto en esta orden ejecutiva implica mayor vigilancia sobre los migrantes indocumentados y el envío de remesas.

“Los migrantes deben reportar el individual taxpayer identification number (ITIN) para abrir cuentas u obtener créditos. Existirán más requisitos y vigilancia para el envío de remesas; en algunos casos puede significar no tener acceso a dicho servicio”, aseveró.

Al proyectar qué puede ocurrir en el corto plazo, Díaz Castellanos aseguró que la medida implica un mayor envío de remesas mientras entra en vigor la nueva norma, en 60 días.

Añadió que, a mediano plazo, puede implicar una reducción del envío por medios bancarios y un mayor uso de mecanismos informales o no bancarios, aplicaciones o encomiendas, por ejemplo.

Dado que los bancos percibirán mayor riesgo, cobrarán mayores comisiones por el envío de remesas, anticipó Díaz Castellanos.

Piden alinearse a estándares internacionales

Córdova considera que no sería correcto afirmar que en 60 días habrá restricciones automáticas o límites generalizados a las remesas.

“Lo que se espera es que el Departamento del Tesoro emita un aviso formal a sus instituciones financieras y que, a partir de ese aviso, estas puedan reforzar sus controles internos, sus procesos de monitoreo y sus criterios de debida diligencia”.

En todo caso, Guatemala debe evitar quedar rezagada.

“Si el país no moderniza su legislación —con la aprobación de la iniciativa 6593— y no se alinea con estándares internacionales, aumenta el riesgo de que las instituciones financieras extranjeras apliquen controles más estrictos por percepción de riesgo país. En ese escenario, las remesas legítimas sí podrían enfrentar mayores revisiones, tiempos más largos, costos adicionales o incluso limitaciones operativas”, advirtió.

Migrantes temen nuevas restricciones

Para Mario Arturo García, analista independiente en temas de remesas y migración, esta situación regulatoria nuevamente generará “gran incertidumbre” y preocupación entre los migrantes guatemaltecos.

De momento, explicó el analista, la orden ejecutiva no establece algún tipo de acción inmediata, pero en 60 y 90 días las autoridades competentes en EE. UU. deberán emitir las normas necesarias para evitar que el sector de indocumentados siga siendo considerado potencialmente como lavado de dinero.

Entonces, los bancos, al anticiparse a estas acciones, deberán implementar una debida diligencia para los indocumentados, por lo que reducirán la atención y podría haber ausencia de servicios financieros en EE. UU. para las personas indocumentadas, ejemplificó.

En el caso de las remesas, añadió que son envíos que no necesariamente deben contar con productos financieros para efectuar los despachos.

Restricciones afectarían envíos digitales

El analista considera que, dentro de este nuevo esquema de control, los envíos de remesas serán los más afectados.

Explicó que, en la actualidad, la mayoría de remesadores hace una debida diligencia básica de cero a US$1 mil, con algún número de teléfono, dirección física y documento con fotografía. Algunos también solicitan el número de identificación tributaria (NIT) en EE. UU.

Añadió que hasta US$1 mil se aplica una debida diligencia básica.

Arriba de US$3 mil ya se requiere establecer el origen de los ingresos, justificar los salarios para los despachos por realizar o bien, si cuenta con un negocio en EE. UU., este debe estar registrado, pero la orden no modifica esas medidas.

García añadió que un grupo importante de migrantes guatemaltecos ya utilizaba medios digitales y aplicaciones que tenían como método de pago las transferencias electrónicas o bien tarjetas de crédito o débito, que automatizaban la transferencia y abarataban el costo de la operación.

Sin embargo, ahora no podrán utilizar esos mecanismos bajo el argumento de que los indocumentados no deben contar con productos financieros, por ser un sector proclive al lavado de dinero.

“Los migrantes ya no podrán acceder a créditos, tarjetas de crédito ni disponer de sus ahorros, por ser un sector susceptible al lavado de dinero”, manifestó García.

Piden usar canales formales

El directivo de la CFG hizo un llamado a la tranquilidad y al uso de canales formales, ya que enviar y recibir remesas legítimas no es el problema.

“Lo importante es evitar intermediarios informales, no prestar cuentas, conservar comprobantes y responder con claridad cuando una entidad financiera solicite información”, reiteró.

Añadió que no se trata de alarmar a las familias que reciben remesas; al contrario, se trata de protegerlas.

Si Guatemala no actualiza su legislación contra el lavado de dinero, las remesas legítimas enfrentarán más controles, mayores costos, demoras o restricciones. La iniciativa 6593 busca precisamente evitar ese escenario y proteger los canales formales por donde fluye el dinero de millones de familias guatemaltecas.

García dijo que ahora se espera una debida diligencia ampliada, con mayores controles, y que para hacerse efectiva una remesa podrían transcurrir una o dos semanas, lo que implicaría problemas en la estabilidad de los hogares que reciben esos ingresos.

Las personas que envían remesas podrían comenzar a utilizar otros métodos, como criptomonedas, impulsadas tras la implementación del impuesto a las remesas.