La conexión vial entre el centro de la ciudad capital y el norte del área metropolitana, a través de la ruta CA-9 Norte, representa una necesidad cada vez más urgente, al considerar el alto congestionamiento vehicular y el costo económico que ello implica para el país, sin mencionar el deterioro en la calidad de vida de los usuarios que a diario deben transitar por esta vía para dirigirse a las zonas 17 y 18 desde las zonas 1, 2 y 6 de la Ciudad de Guatemala, y viceversa. La vía existente, el puente Belice original, superó su capacidad de diseño desde hace al menos ocho años y ya no resulta suficiente para absorber el tránsito diario.

Como una solución real y sostenible para atender el tránsito en la salida norte de la capital, se priorizó la construcción de un nuevo puente, utilizando el derecho de vía de la línea férrea. Mediante el Decreto 21-2022, el Congreso de la República aprobó una ampliación presupuestaria que incluyó la contratación del Puente Belice II, considerada una de las mayores apuestas en infraestructura vial para Guatemala. Se trata de un puente bimodal de dos niveles: el nivel superior, destinado al tránsito vehicular público, con cuatro carriles (dos por sentido) y un carril exclusivo de servicio; el nivel inferior, con dos carriles exclusivos para el transporte de pasajeros (Transmetro inicialmente, seguido de un tren ligero). Esta obra inició su plazo contractual el 1 de junio del 2023 y comenzó trabajos físicos en campo el 13 de noviembre del mismo año.

No obstante, pese al inicio de la construcción, el 1 de mayo del 2024 el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de la Dirección General de Caminos, ordenó la suspensión de los trabajos, aduciendo como causa la imposibilidad de efectuar pagos. A ello se suman complicaciones relacionadas con la liberación del derecho de vía, la reubicación de cables y postes de energía eléctrica, así como señalamientos por presunta sobrevaloración de la obra. En resumen, desde hace 15 meses el proyecto enfrenta dificultades financieras, técnicas, legales y administrativas.

El costo de la obra asciende a Q1,875 millones, a los que deben sumarse Q84 millones correspondientes a la supervisión, con un horizonte de ejecución de 48 meses. A la fecha de suspensión, el avance físico era del 15% y el financiero del 8%, con una deuda acumulada superior a Q127 millones.

El decreto de aprobación del presupuesto del 2025 ordenó la conformación de una mesa técnica para analizar la situación de los proyectos de inversión suspendidos debido a distintos problemas. A esta instancia fue presentado el proyecto de construcción del Puente Belice II. La mesa cuenta con un plazo de 180 días calendario, contados a partir de su integración, para presentar públicamente un plan de atención y viabilización de los proyectos presentados. Este plazo vence la próxima semana.

Paralelamente, se presentó un amparo ante las instancias correspondientes para reactivar el proyecto. La Presidencia de la República, el CIV y el Minfin fueron notificados el 27 de mayo del 2025. La resolución ordena la reactivación del proyecto, otorgando al CIV un plazo de 30 días para presentar un plan de trabajo, el cual aún está pendiente de conocerse.

Es importante destacar que el Puente Belice II no solo representa una obra trascendental para el país, sino que constituye una urgencia. Esta misma urgencia debe guiar la resolución de los obstáculos existentes, disponiendo de todos los recursos necesarios para su reactivación.

Obstáculos por solventar

• Problemas legales: El principal reto es la liberación del derecho de vía. Se ha determinado que varias construcciones se encuentran dentro del derecho de vía del ferrocarril, por lo que debe exigirse su liberación. Además, existen otras propiedades que requerirán un proceso de gestión para alcanzar acuerdos y proceder al pago de terrenos a expropiar.
• Problemas técnicos: El diseño original contempla un puente curvo, debido a la imposibilidad de demoler el puente del ferrocarril (puente Las Vacas), considerado patrimonio nacional. Sin embargo, un dictamen de la Conred ha declarado esta estructura como riesgosa, debido a su deterioro, lo que viabiliza su demolición y permite construir un puente recto, técnicamente más viable. Para avanzar en esta opción será necesario un rediseño, con anuencia de la empresa contratista de asumir los costos dentro del contrato vigente.
• Problemas administrativos: Se requieren las gestiones necesarias para la regularización contractual, ya que no es posible cumplir con el plazo original de finalización en marzo del 2027. Será imprescindible una adenda al contrato para estipular un nuevo programa de trabajo y la aprobación del rediseño. También deberán desarrollarse gestiones interinstitucionales, que no deberían implicar mayor complejidad.
• Problemas financieros: Es indispensable asignar los recursos presupuestarios necesarios, primero para saldar la deuda existente y, posteriormente, para cubrir los trabajos por ejecutar. Se requieren alrededor de Q50 millones mensuales para mantener el ritmo de obra conforme al plazo contractual. También debe contemplarse el costo asociado a la liberación del derecho de vía, la remoción de instalaciones de conducción eléctrica y el pago de la supervisión, lo que representaría una demanda de aproximadamente Q330 millones para lo que resta del año. Este monto se considera factible de reubicar, ya que la ejecución presupuestaria del CIV se sitúa actualmente en cerca del 28%.

Si se logra avanzar en estos aspectos, la reactivación del proyecto se considera viable, ya que existe disposición tanto por parte de la empresa contratista como del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Sin embargo, resulta clave contar con respaldo político al más alto nivel para dar continuidad a esta obra, que no solo representa una solución sostenible al tránsito vehicular en la zona norte del área metropolitana, sino que también posibilita la construcción del proyecto Metro.

La ejecución de esta obra sería una señal de que el Gobierno avanza conforme a los compromisos asumidos al inicio de su gestión. Por el contrario, la ausencia de avances significativos en los próximos meses podría truncar las expectativas de mejorar la movilidad y el transporte en la Ciudad de Guatemala.

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