A diferencia de gobiernos anteriores, para el actual no hay encuestas publicadas de popularidad. Aunque algunos rumores y datos se han filtrado, no existe la posibilidad de comparar, como antes se hacía, la aceptación del gobierno —o de sus miembros—, a lo largo de un determinado período de tiempo, en relación con sus antecesores. El silencio, la discreción y, en algunos casos, el ocultamiento de las encuestas realizadas han sido la norma dominante en esta administración. Ese enfoque sugiere una razón clara y única: la popularidad ha caído drásticamente y prefieren silenciar los resultados, que algunos sitúan en torno al 20%, o incluso menos.

Conscientes de la situación al no contar con un apoyo interno suficiente, debido al incumplimiento de promesas a grupos indígenas, exiliados y otros sectores que esperaban un cambio real, el gobierno ha optado por desarrollar una estrategia de búsqueda de apoyo externo. Considerando el escenario de baja aceptación más allá de 2026, parecen haber establecido una especie de red con diferentes regiones y organismos internacionales.

Por ejemplo, han delegado la seguridad nacional a los Estados Unidos, quienes gestionarán puertos y aeropuertos, y controlarán entradas y salidas de personas y mercancías. En materia de justicia, se han apoyado en el sistema de la ONU, de ahí la visita al país —y el informe— de la relatora especial para la independencia judicial. Respecto a la Unión Europea, trabajan en el reforzamiento de declaraciones de rechazo y exclusión de ciertas personas, lo que permite congelar fondos en bancos europeos, pero también coordinan y difunden fotos de visitas de embajadores a presos emblemáticos. La Organización de los Estados Americanos ha sido el foro elegido para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observe y apoye la democracia en el país y la observancia de los DD. HH., motivados por preguntas formuladas por el procurador General de la Nación o visitas in loco, de trabajo o de “cortesía” llevadas a cabo en Guatemala. Además, han establecido vínculos con otros organismos internacionales sobre derechos humanos, desarrollo social y finanzas, incluyendo instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y diversas organizaciones no gubernamentales, particularmente relacionadas con la justicia. Medios de comunicación y analistas nacionales e internacionales —conscientes o no— apoyan este plan al minimizar errores del gobierno o, simplemente, replicando sin cuestionamiento alguno la narrativa oficial, en un esfuerzo de presentar lo vigente como lo mejor posible en comparación con lo habido.

El objetivo político-estratégico es evidente y requiere tejer una amplia red que lleva tiempo. Quizá eso justifique el nombramiento de embajadores no provenientes de carrera diplomática en puestos estratégicos, con la misión de consolidar este entramado internacional, listo para ejercer presión o defensa si las circunstancias lo ameritan. Sin embargo, el ámbito internacional tiene un límite frente a la dinámica política nacional. Aunque presionen, sancionen o incluso empleen formas de moderno neocolonialismo, con el fin de influir en la política interna, sus acciones suelen ser complementarias y no decisivas. Así, la pérdida de apoyo popular es un obstáculo considerable para recobrar la confianza y, sobre todo, para implementar políticas públicas de interés para el ciudadano y elevar la confianza en el gobierno.

Por otro lado, el soporte que se tenían en Washington durante la administración de Biden se ha desvanecido, y aquellos que temen regresar se han vuelto los más críticos de un gobierno que no genera confianza y sufre, además, una visible implosión interna. Mientras tanto, ciertas fuerzas políticas se reconfiguran sobre nuevos liderazgos, aunque con tendencia hacia la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado. En resumen, parece que estamos lidiando con más de lo mismo de siempre.