El juez Fredy Orellana ordenó al TSE informar si el partido Semilla recibió fondos públicos y pidió activar alertas para capturar a implicados. La cancelación del partido ya es definitiva y se evalúa la devolución del dinero.

En el marco del caso conocido como Corrupción Semilla, el juez Fredy Orellana ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) informar si el cancelado partido político Movimiento Semilla recibió fondos públicos como parte de su financiamiento electoral.

La instrucción responde a una solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y contempla la posibilidad de que dichos recursos deban ser reintegrados al Estado.

La resolución, firmada el lunes 4 de agosto, otorga un plazo de 24 horas al TSE para entregar un informe detallado sobre el origen de los recursos asignados a la organización política, así como un análisis jurídico sobre la procedencia o no de su devolución.

Adicionalmente, el juzgado solicitó que diez personas se presenten los días 12, 13 y 14 de agosto ante la FECI para recibir cajas con documentos incautados como parte de las investigaciones. Estas evidencias estarían relacionadas con presuntas irregularidades en la conformación y financiamiento del partido.

En paralelo, el Ministerio Público pidió a la Contraloría General de Cuentas que se pronuncie sobre la posible devolución de recursos públicos usados en campañas del partido. También se giró oficio a la Interpol para activar alerta roja internacional contra seis personas vinculadas al caso y actualmente prófugas de la justicia.

El juez Orellana reiteró que la cancelación del Movimiento Semilla es definitiva, ya que, según indicó, todos los recursos legales interpuestos por sus representantes han sido rechazados. La Sala Tercera de Apelaciones desestimó recientemente un amparo promovido por la diputada Andrea Reyes en nombre de la agrupación. Aunque los abogados de Semilla aseguran que el caso ha sido trasladado a la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público insiste en que la decisión ya está firme.

Semilla fue cancelado oficialmente el 28 de noviembre de 2024, tras una solicitud de la FECI basada en condenas emitidas por aceptación de cargos contra exintegrantes del comité pro formación del partido. Según la fiscal Leonor Morales, uno de los efectos legales inmediatos de esa cancelación sería la obligación de devolver el dinero público recibido.

Por Andrea Palacios