Cada año se reportan nuevas denuncias por violencia sexual en centros educativos, mientras que el Ministerio de Educación (Mineduc), según el OSAR, enfrenta obstáculos para resolver con prontitud los señalamientos contra personal del sector público. En lo que va del año, se han registrado 28 quejas, pero solo se han emitido ocho sanciones, algunas de las cuales corresponden a situaciones de años anteriores.

Aunque el Mineduc afirma que se implementa un nuevo protocolo, las sanciones se aplican con retraso, de acuerdo con organizaciones que monitorean la violencia escolar, y el traslado de información entre instituciones es lento.

Actualmente, están vigentes tres acuerdos ministeriales relacionados con programas y protocolos para atender la violencia sexual. A principios del año, el ministerio, en conjunto con la cartera de Gobernación se habilitó el número telefónico 1510 para tomar denuncias de agresiones o violencia en el ámbito escolar.

Entre el 2024 y el 2025, la institución reporta 48 quejas por acoso, hostigamiento o violencia sexual. En el 77% de los casos se señala a maestros, directores u otro personal educativo.

Datos obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información indican que este año se han impuesto únicamente ocho sanciones, mientras que en 2024 se aplicaron 34 a nivel nacional.

El Mineduc asegura contar con protocolos tanto para actuar ante una denuncia como para sancionar a funcionarios que no respondan frente a un caso. No obstante, reconoce que socializar estas herramientas en todo el país sigue siendo un reto.

“Este protocolo se aprobó en el 2023, pero todavía hay muchos maestros que no lo conocen. Es difícil que todos lo manejen”, advirtió la cartera.

Según datos del Mineduc, hay 158 mil 566 maestros registrados en los distintos niveles educativos del sector público.

Las cifras también señalan que, entre el 2024 y el 2025, se recibieron 10 quejas contra alumnos o familiares de menores agredidos.

Celeridad

Aunque existen procesos de actuación definidos, su avance es lento. Mirna Montenegro, del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar), reconoció que contar con procedimientos es un avance, pero las autoridades deben mejorar la celeridad en su cumplimiento.

“Lo que nosotras vemos es que no importa que el proceso esté definido: siempre hay retraso, y los niños y niñas continúan en situación de vulnerabilidad mientras el proceso avanza”, afirmó.

Un protocolo vigente, aprobado en el 2021, establece que ante un caso de violencia sexual se debe informar al director, quien tiene 24 horas para dejar constancia del hecho en acta. Luego, se debe separar al docente o empleado del contacto con el estudiantado.

Posteriormente, se presenta la denuncia ante el Ministerio Público y, en paralelo, se inicia un proceso administrativo para la destitución del implicado. Si la agresión involucra a dos estudiantes, el caso debe ser conocido por un comité disciplinario.

Sin embargo, ese procedimiento no siempre se cumple. Montenegro relató que el año pasado, en una comunidad de Alta Verapaz, una directora despidió a un maestro tras una queja por violencia sexual contra una alumna. Luego, el maestro buscó apoyo en la comunidad, fue reinstalado y la directora fue removida del cargo.

En febrero se aprobó el programa Cuida, que contempla formación al personal, elaboración de materiales para fomentar relaciones pacíficas, rechazo a la violencia sexual, cultura de denuncia y resolución de conflictos. Sin embargo, el manual aún está en proceso de elaboración.

Asimismo, en abril de este año se aprobó un programa de protección especial para estudiantes víctimas de violencia, con enfoque en apoyo psicosocial. Aunque no se centra exclusivamente en violencia sexual, la incluye como una de las causas a atender.

“Existe un acuerdo ministerial que obliga al director. Los funcionarios públicos no pueden alegar desconocimiento. Si no actúan, debe iniciarse un proceso administrativo”, indicó la cartera.

Se solicitó información sobre sanciones por negligencia, pero no fue enviada.

Protección

Montenegro considera que el primer paso debe ser retirar al docente para proteger a los menores. También subraya que la socialización de los protocolos debe ser una prioridad, para que los estudiantes se sientan protegidos y seguros al denunciar.

“El problema no son las denuncias. Al final, los niños se lo cuentan a alguien de confianza. Si algo hemos cambiado, es que ahora se reconoce la violencia sexual y se denuncia”, afirmó.

En agosto se conoció un caso en Huehuetenango en el que una alumna de 12 años apuñaló a su maestro, quien falleció a causa de las heridas. Durante las diligencias del Ministerio Público se encontró una carta escrita por la niña, en la que señalaba al docente como su agresor sexual.

Preliminarmente se informó que otros trabajadores del centro educativo podrían haber tenido conocimiento del abuso, pero no se tomaron acciones pertinentes.