El hecho de que en el caso Odebrecht no exista nadie sujeto a proceso por haber orquestado y/o recibido millonarios sobornos, mientras el Ministerio Público (MP) recurre a una Sala de Apelaciones para que, sin tener facultades para ello, dicte órdenes de captura por supuestos delitos en los acuerdos de cooperación eficaz que se hicieron en el pasado, confirma la maliciosa paradoja de nuestra “justicia”. En efecto, si no se quiso probar soborno a los funcionarios del Ejecutivo ni a los diputados que, según dijo a La Hora Ángel Pineda, estaban junto a los funcionarios en una investigación “con control jurisdiccional”, es decir ya con un tribunal supervisándola, ¿cómo es que ahora el caso se vuelca contra quienes investigaron el trinquete?

En efecto, Sinibaldi, Baldizón y Batres, sindicados originalmente, están ya libres de pecado, no digamos de toda culpa, pero resulta que quienes hicieron la investigación del escandaloso negocio ahora reciben orden de captura junto a 16 personas cuya detención ordenó la Sala sin que ni siquiera el @FuerteyFirme lo hubiera pedido. Si la teoría es que los acuerdos son ilegales, los mismos carecerían de sustento, pero a los investigadores no se les acusa de haber recibido sobornos. ¿Entonces si nadie recibió sobornos, cuál es el delito?

La paradoja es de tal calibre que desnuda la doble moral de nuestra justicia puesto que mientras los diputados que avalaron el negocio y los que participaron y suscribieron los contratos, están libres y contentos, la maquinaria judicial se enfila hacia los que, en su momento, investigaron el caso.

Obviamente no solo el Fiscal encargado de la investigación sabía del asunto pues toda la investigación se realizó bajo la conducción de la entonces jefa del Ministerio Público y de los encargados de la CICIG. Curruchiche tiene que consultar e informar a Consuelo Porras de lo que hace, aunque sean discursos de pasante de derecho y llenos de basura (que la prensa se pudo robar peluca de Stalling) como el de la “conferencia de prensa” de ayer que ya no se transmitió cuando se le hicieron preguntas. Según dijo Curruchiche, únicamente el fiscal a cargo del caso puede conocer de un acuerdo de colaboración eficaz por su carácter “confidencial”, pero la organización jerárquica del MP no solo faculta sino obliga al Fiscal General a dirigir y coordinar las acciones de sus subalternos.

Alegan que en el pasado se cometieron excesos, pero resulta que lejos de “corregirlos” los agravan con acciones que destruyen el Estado de Derecho y con ello el clima para que la gente seria llegue a invertir a Guatemala. Lo que se dice malo se corrige no se utiliza en el favor de las autoridades del momento.

Si no hay delito principal (sobornos), ¿cómo puede haber delitos accesorios (acuerdos)? Esto es como el caso del aeropuerto y la publicidad, donde por cierto también aparece la sombra de Sinibaldi; el contratista dice que el contrato nunca se perfeccionó porque no le entregaron unos espacios y que por eso no se paga al Estado, pero sí se perfeccionó para vender publicidad a terceros. ¿Entonces? En otras palabras, reescriben el derecho porque dicen que el contrato no les permite cumplir obligaciones, pero sí les da para ejercer derechos (vender publicidad).

Obviamente no les da siquiera un mínimo de vergüenza manosear las cosas para perdonar a los que pudieron recibir sobornos, quienes ya están fuera de todo proceso, mientras se concentra el ataque en quienes en su momento investigaron el escandaloso caso Odebrecht y firmaron los acuerdos.