Recolectores de basura denuncian extorsiones de Q25 mil, amenazas y secuestros exprés que ponen en riesgo el servicio

Recolectores de basura que prefirieron el anonimato advirtieron sobre una posible paralización del servicio de extracción de desechos debido al incremento de las extorsiones, las amenazas, los ataques armados y los secuestros exprés contra trabajadores del gremio.

Según denunciaron, algunos camiones deben atender entre ocho y nueve teléfonos utilizados por diferentes grupos criminales para exigir pagos, una situación que califican de insostenible.

Los trabajadores relataron que las exigencias económicas no se limitan al cobro de una cuota periódica. Explicaron que, en algunos casos, hombres que se movilizan en motocicletas interceptan los camiones recolectores, los obligan a detenerse y exigen el depósito inmediato de Q25 mil.

Mientras no se efectúe el pago, los vehículos no pueden continuar sus labores y los trabajadores enfrentan amenazas de ataques armados.

Los recolectores describieron esta modalidad como un secuestro exprés, debido a que los delincuentes retienen el camión y a sus ocupantes durante el tiempo necesario para presionarlos a efectuar la transferencia.

Señalaron que estos hechos ocurren en distintos sectores, entre ellos la zona 18, San Cristóbal, Mixco, y las zonas 11 y 13, además de otros puntos de la capital.

A los pagos extraordinarios de Q25 mil se suman cuotas periódicas de hasta Q1 mil por camión. De acuerdo con los testimonios, después de exigir los Q25 mil, los responsables pueden imponer estos cobros adicionales, con una periodicidad semanal o mensual, según las exigencias.

El aumento de las extorsiones ya ha provocado que algunos recolectores dejen de ingresar a determinadas rutas por temor a sufrir ataques. Entre los sectores mencionados figuran Las Tapias, el bulevar San Rafael y áreas de las zonas 6, 10 y 18, así como distintos puntos de Mixco.

Los entrevistados explicaron que incluso los camiones enviados para sustituir a los vehículos que abandonan una ruta terminan siendo víctimas de nuevas extorsiones.

Ante esta situación, los recolectores advirtieron que, si las autoridades no responden de inmediato, podrían paralizar sus actividades.

Indicaron que algunos compañeros ya no están en condiciones de continuar trabajando bajo amenazas constantes y pagando cantidades cada vez mayores a las estructuras criminales.

La Policía Nacional Civil (PNC) señaló que ha sostenido diversas reuniones con este sector, en las cuales ha dado seguimiento a las denuncias y brindado asesoría sobre cómo actuar.

Los entrevistados aseguraron que, pese a estas reuniones, no han observado acciones que permitan frenar las amenazas y los cobros ilegales.

Según relataron, durante algunos de estos acercamientos les han indicado que las posibilidades de intervención son limitadas cuando se trata de estructuras criminales de mayor alcance.

Los afectados insistieron en que no buscan abandonar su actividad, de la que dependen numerosas familias y que, en algunos casos, representa un oficio transmitido de generación en generación.

Advirtieron que la continuidad del servicio está en riesgo si las autoridades no adoptan medidas concretas para protegerlos.

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