El fin de semana pasado tomó posesión el nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel García Luna, con lo cual concluyeron tres de las elecciones de segundo grado que coincidieron en los primeros meses del 2026.

Este proceso dejó la renovación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el período 2026-2032; de la Corte de Constitucionalidad (CC), para el 2026-2031, y del fiscal general para el 2026-2030.

Estos tres procesos se desarrollaron de manera simultánea, lo que supuso un reto para los grupos de observación y para el propio sistema de justicia, que recibió amparos y recursos con los que se cuestionaban las fases de las selecciones.

Ahora, solo queda el desarrollo de la elección del contralor general de Cuentas, que, aunque también requiere vigilancia, según observadores, no tiene la complejidad de desarrollarse junto con otro proceso de la misma categoría.

El Movimiento Projusticia, el Movimiento Cívico Nacional, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), y la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) analizaron las elecciones de segundo grado del 2026.

Todos consideran positivo que en los tres procesos de elección se respetaran los plazos establecidos en la Constitución Política de la República, y coinciden en el principal reto que pesa sobre las nuevas autoridades.

TSE y elecciones

El nuevo pleno del TSE quedó integrado por los magistrados titulares Rosa Mariella Josabeth Rivera, Roberto Estuardo Morales Gómez, Karin Virginia Romero Figueroa, Quelvin Otoniel Jiménez Villalta y Mario Alexander Velásquez Pérez.

En las magistraturas suplentes fueron elegidos Giovanni Francisco Soto Santos, Joaquín Rodrigo Flores Guzmán, Sergio Amadeo Pineda Castañeda, Francisco Javier Puac Choz y Alfredo Skinner-Klée.

Tanto diputados oficialistas como de oposición en el Congreso aseguran estar satisfechos con la integración del actual TSE. Ambos coinciden en que cuentan con respaldo mayoritario entre los magistrados titulares.

Esta integración de la máxima autoridad electoral permanecerá en el cargo durante los próximos seis años y tendrá a su cargo la coordinación de las elecciones generales del 2027 y del 2031.

CC renovada

Aunque la renovación de la CC no es un proceso coordinado bajo la Ley de Comisiones de Postulación, su integración coincidió con los cambios en el TSE y el MP.

Prácticamente todos los magistrados de la anterior Corte buscaron la reelección, y dos de los cinco magistrados salientes lograron continuar en la CC.

Se trata de Roberto Molina Barreto, elegido por el pleno del Congreso, y Dina Josefina Ochoa, por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Los otros tres magistrados titulares son nuevos.

Anabella Morfín, Astrid Lemus y Julia Rivera llegan para integrar una Corte conformada mayoritariamente por mujeres en las magistraturas titulares, quienes permanecerán en la defensa de la Constitución durante los próximos cinco años.

Observadores consideran que existe una mayoría aparentemente clara en la nueva CC que no responde a intereses oficialistas, los cuales, según las lecturas, solo contarían con el aval de Morfín y Lemus.

Las magistraturas suplentes quedaron integradas por María Jocholá, Luis Fernando Bermejo, Luis Rosales, Claudia Paniagua y José Aguirre Pumay.

MP bajo expectativa

El cambio más reciente durante las elecciones de segundo grado fue el nombramiento efectuado por el presidente Bernardo Arévalo de Gabriel García Luna como nuevo fiscal general y jefe del MP.

García Luna sustituye a María Consuelo Porras, quien ocupó durante ocho años la dirección del MP y fue cuestionada por sectores nacionales e internacionales, señalamientos que incluso le valieron sanciones.

Ahora, con el nombramiento del nuevo fiscal general, existe una percepción de cambio que apunta, según distintos sectores, a una nueva dirección institucional en el ente investigador.

Entre su experiencia más reciente, el nuevo fiscal general destaca por haber formado parte del equipo de la Procuraduría General de la Nación (PGN), instancia a cargo de Julio Saavedra, también nombrado durante la gestión del presidente Arévalo.

Quedan fuera

Para Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Projusticia, la renovación en el MP y el TSE, por regirse bajo la Ley de Comisiones de Postulación, dejó claro cómo los comisionados excluyeron algunos perfiles.

El primero de estos procesos fue la renovación del TSE, mediante una comisión de postulación presidida por Walter Mazariegos, rector de la Usac. Los observadores destacan que en este proceso no hubo debate.

Recesos prolongados y discusiones sobre puntos importantes que presuntamente no fueron públicos marcaron buena parte de las jornadas de esta comisión, en la que la parte visible se resumía en trámites y votaciones, según los grupos de observación.

En la postuladora del MP, presidida por Claudia Paredes, magistrada presidenta de la CSJ, el debate fue más evidente, al igual que la manera en que se descartó a candidatos por razones técnicas.

Esta comisión optó por fijar una serie de requisitos que terminaron con la exclusión del juez Marco Antonio Villeda, actual ministro de Gobernación, quien presuntamente era el candidato oficial del presidente.

Pero en ambas comisiones, Ibarra detectó el mismo patrón: “Hubo interés de los comisionados en postular a los más cuestionados, mientras dejaban fuera a aquellos que tenían un mejor perfil de idoneidad, pero que no estarían al servicio de los intereses representados”.

De acuerdo con la experta, estas acciones solo buscaban dejar fuera del proceso a profesionales con altas posibilidades de avanzar por su preparación académica y experiencia, pero que mantenían una línea independiente y podrían no responder a intereses políticos y económicos.

“Se aplica la Ley de Comisiones de Postulación como un mero formalismo. Los comisionados tratan de actuar de manera discrecional con los perfiles de idoneidad y el diseño y aplicación de la tabla de gradación”, explicó.

Pese a que las actitudes de los comisionados pueden ser cuestionadas, la observadora destacó como positivo la manera en que la sociedad civil se activó al momento de presentar objeciones o señalamientos.

“La opinión pública ha hecho suyo el momento de las tachas, que, aunque la comisión las rechace y no les dé trámite, existe mucha carga desde la opinión pública contra los tachados, funcionan desde el punto de vista político y social, aunque no en el criterio de los comisionados al momento de votar”, añadió.

Sin claro ganador

Desde el año pasado quedó expuesto cómo operadores políticos y organizaciones gremiales buscaron acaparar puestos clave en las comisiones de postulación, con tal de mantener cuotas de poder, según observadores.

Pero la forma en que se integraron el TSE, la CC y ahora el MP no deja claro entre analistas qué grupo o grupos resultaron beneficiados con los nombramientos.

“Yo creo que se ve claro que grupos gremiales dentro del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), no todos con la misma visión, evidenciaron cambios de fuerzas y apoyos entre los profesionales”, destacó Christa Walters, presidenta del Movimiento Cívico Nacional (MCN).

El Cang nombró a Astrid Lemus y Luis Bermejo como magistrados de la CC. También designó como comisionados a Gregorio Saavedra y Edgar Ortiz en la postuladora del TSE.

El movimiento Unidad x la Justicia logró superar a figuras gremiales de poder como Nester Vásquez, exmagistrado de la CC, así como a Roberto López Villatoro y Estuardo Gálvez; este último quedó en segunda vuelta para llegar a la CC.

“Había mucha expectativa en los procesos, más por el contexto tan extraño de la simultaneidad. Ha existido un patrón muy claro en Guatemala: quien controla o tiene influencia en las instituciones también influye en la justicia y en el ámbito electoral”, recordó Walters.

El MCN destaca que fue importante renovar cada una de las instituciones a tiempo, sin repetir el fracaso en la renovación de las Cortes del 2019.

Pero, aunque se cumplió esa primera tarea y se superó el riesgo de incumplir los plazos, la observadora considera vital el seguimiento ciudadano para acompañar el ejercicio profesional de cada magistrado y del fiscal general elegidos.

“Ahora corresponde ver si se cumplirá el patrón de que los elegidos desempeñen sus funciones de manera independiente, sin responder a los grupos que los nombraron”, indicó.

Fue vigilada

Los tres procesos de renovación institucional del 2026 contaron con observación ciudadana, desde organizaciones observadoras, prensa, misiones internacionales y ciudadanía interesada en conocer qué ocurría en cada proceso.

Este es uno de los aspectos positivos identificados por la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), tras evaluar la forma en que la ciudadanía siguió cada comisión de postulación y cada entidad encargada de designar magistrados.

“Lo mejor es que, a pesar de la polarización, los cuestionamientos y las acciones legales que se presentaron en algunos momentos, hubo esfuerzos de parte de los responsables para cumplir con los plazos y mecanismos establecidos en la ley”, indicó la CIG.

La cámara añadió: “También es positivo que exista cada vez más interés y seguimiento ciudadano sobre este tipo de elecciones y sobre el perfil de las personas que llegan a ocupar cargos tan relevantes para el país”.

Aunque hubo transparencia, la entidad considera que aún existen aspectos susceptibles de mejora.

“Siempre hay espacio para fortalecer la confianza en este tipo de procesos. Todavía queda mucho por mejorar en términos de transparencia, comunicación y criterios técnicos que permitan reducir la percepción de politización”, indicó.

Al igual que el resto de instituciones, la CIG resaltó que el trabajo de cada funcionario será clave. “Guatemala necesita procesos que generen más certeza y menos confrontación. Al final, lo importante es que quienes lleguen a estos cargos ejerzan con independencia, capacidad y respeto a la ley”, indicó a Prensa Libre.

Pendientes y cambios

Para el Cien y Asíes hubo aspectos positivos dentro de las comisiones y las designaciones de magistrados, pero también quedaron puntos que deben mejorarse para dar mayor certeza a los procesos.

Por su lado, el Cien considera que el papel desempeñado por las universidades representadas por los decanos de las facultades de Derecho no fue el más idóneo.

“Los colegios profesionales deben empezar a operar frente a la proliferación de universidades y facultades de Derecho. Podrían hacerlo mediante un examen, como ocurre en el extranjero, para filtrar a quienes quieran obtener el título o, si ya son abogados, certificarse”, comentó.

Esto podría responder a muchas universidades que solo buscan cuotas de poder en las postuladoras.

“Eso serviría para muchas universidades que solo buscan espacios para estar en las comisiones de postulación. La preparación de muchos no les permitiría siquiera inscribirse en el Cang”, recalcó el centro de investigación.

Para Asíes es importante analizar las fortalezas y debilidades que dejaron las elecciones de segundo grado, considerando que ahora corresponde evaluar el trabajo institucional.

“Definitivamente hay un cambio en la correlación de fuerzas en las instituciones del país. Catalogar como ganadores y perdedores sería muy reduccionista; implicaría pensar la vida política del país como un conflicto de momento único, cuando la competencia por el poder es permanente”, hizo ver el tanque de pensamiento.

Ahora es importante que cada funcionario se comprometa con el país y se desmarque de quien le dio el voto y lo posicionó en el cargo, agregó.

“Además de ello, estamos hablando de elecciones en instituciones de control y fiscalización del aparato público, por lo que, en lugar de discutir qué grupo tiene el control, la pregunta debe ser cuál es el grado de independencia del que gozan las nuevas autoridades”, puntualizó Asíes.