Se anunció ayer la designación como ministro de Gobernación del abogado Marco Antonio Villeda, exjuez de Extinción de Dominio que durante una década confiscó fortunas malhabidas de varios exfuncionarios, exmandatarios y narcotraficantes. Extrañamente, en abril último, Villeda fue rebajado a otro juzgado por designio de la actual Corte Suprema de Justicia, una decisión que desató suspicacias. Ahora toma la dirección de una cartera clave para la estabilidad del país, en un momento crítico que terminó de mostrar su anomia, con la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18. Aún no se sabe cuándo ni cómo exactamente ocurrió la evasión que precipitó la destitución de su antecesor Francisco Jiménez, quien, pese a la gravedad del asunto, insistía en permanecer.

El desafío para el nuevo ministro es profundo, atávico, pantanoso. La seguridad pública de Guatemala vive una paradoja abyecta: con una gran inversión en recursos públicos se captura, se procesa y, a veces, se logran sentencias severas contra criminales de amplio prontuario o aprendices de evidente perversidad. Pero ya sea con o sin sentencia, continúan delinquiendo desde el interior de las cárceles, que con ello pierden su sentido institucional y, por ende, su efecto disuasivo. Esto no es nuevo, pero se ha ido agravando con el hacinamiento, la inercia burocrática y la compra de voluntades de guardias e incluso directivos penitenciarios.

El poder intimidatorio de estas gavillas es alimentado por flujos de dinero ilícito proveniente de exacciones, distribución de drogas, negocios de fachada y hasta “tiendas” dentro de los penales. Se ha llegado incluso a extremos escandalosos como la pernoctación de familiares y cortesanas, pero también de menores de edad víctimas de abusos sexuales.

En ese remolino inmundo, la fuga de marras constituye el epítome de una debacle, un hito alarmante, no solo por el peligro que representan esos evadidos, sino toda la caterva en penales. Las continuas requisas con hallazgos son el indicio claro de que se mantienen los trasiegos y cohechos. Se desató la indignación ciudadana legítima, aunque también la farisaica, protagonizada por politiqueros, presidenciables ávidos, populistas de oficio, pero pesó, por supuesto, el llamado sereno, aunque firme, de sectores productivos y centros de análisis de remover a Jiménez.

Ni la audiencia papal rescató a Arévalo de las llamas de la crítica y en pleno incendio anunció la construcción de una cárcel de máxima seguridad, quizá para apaciguar la emergencia. Erró el discurso, porque no sirve de nada cualquier instalación nueva o remozada si se erige en las mismas marismas institucionales. En ese contexto llega Marco Antonio Villeda y dos viceministros. Cada uno trae su contexto de formación profesional y experiencia, que se deberá probar en el plano de los resultados.

El nuevo ministro puede aportar la perspectiva judicial de los vicios que aquejan a la seguridad pública y también tiene conocimiento sobre algo clave: las rutas del dinero sucio. Debe priorizar la recaptura de los fugados, pero más impactante será ordenar el Sistema Penitenciario, lo cual requiere revisar cadenas de mando, depurar procesos y trazar una estrategia para reducir el trasiego de ilícitos. Y ya que el Gobierno ha solicitado el apoyo del FBI, también podría, por fin, abrirse paso a la asesoría de EE. UU. en materia penitenciaria. No hacen falta más discursos de mano dura, sino coherencia de acciones y consecuencias. La crisis despierta altas expectativas inmediatas, pero los resultados reales serán los de mediano y largo plazos.