Autor: Víctor Negreros
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Sobre el Autor: Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, Asesor Legal en Sector Público y Privado

La captura de Nicolás Maduro constituye uno de los acontecimientos más impactantes y simbólicos de la política venezolana en este siglo. No se trata únicamente de la detención de un presidente en ejercicio, sino de un hecho que ha alterado de forma irreversible el equilibrio interno del poder y ha colocado a Venezuela en el centro de un debate global sobre soberanía, justicia y responsabilidad internacional. Más allá de la forma en que ocurrió, este episodio ha generado una mezcla de alivio, inquietud y expectativas de cambio entre millones de venezolanos, dentro y fuera del país.

Para una parte significativa de la población, especialmente para quienes han padecido de cerca la represión, la precariedad económica y el éxodo forzado, la salida de Maduro del escenario político representa una oportunidad largamente esperada para iniciar un proceso de reconstrucción institucional. Ese sentimiento no es necesariamente eufórico ni ingenuo; convive con el temor de que el cambio no sea inmediato ni automático. Sin embargo, es innegable que la captura ha quebrado la percepción de intangibilidad del poder y ha abierto una grieta en un sistema que durante años parecía inamovible.

Desde el lado oficialista, el gobierno venezolano ha reaccionado con firmeza. La designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, ha sido presentada como una muestra de continuidad constitucional y de resistencia frente a lo que califican como una agresión extranjera. El discurso gubernamental insiste en que no existe vacío de poder y en que el proyecto político seguirá adelante, al tiempo que se apela a la soberanía nacional y a la movilización de las bases chavistas. Este posicionamiento busca transmitir control y cohesión, aunque también revela la fragilidad de un esquema que depende ahora de mantener el orden en un contexto profundamente alterado.

En el campo opositor, las reacciones han sido mayoritariamente favorables, aunque no exentas de cautela. Figuras como María Corina Machado han interpretado este momento como un punto de inflexión histórico, una oportunidad para desmontar un modelo autoritario y avanzar hacia una transición democrática auténtica. Su discurso se ha centrado en la necesidad de evitar soluciones cosméticas y de construir un proceso que devuelva a los venezolanos el derecho efectivo a decidir su destino. En esa misma línea, la figura de Edmundo González, reconocido por amplios sectores como presidente electo en 2024, adquiere una relevancia particular, al representar una legitimidad democrática que quedó suspendida y que muchos consideran aún vigente.

Un elemento que atraviesa silenciosamente este escenario es la percepción ciudadana sobre Diosdado Cabello. Para un amplio sector de venezolanos críticos del chavismo, Cabello encarna la continuidad más dura del aparato de poder: la conexión entre política, control institucional y estructuras de coerción. Su permanencia en posiciones de influencia genera desconfianza y temor de que, aun sin Maduro, el sistema que provocó la crisis se mantenga intacto. Para otros, especialmente dentro del oficialismo, representa una figura de disciplina y resistencia frente a las presiones externas. Esta ambivalencia refleja el profundo desgaste social y la polarización que sigue marcando a Venezuela.

En mi opinión, aun reconociendo la complejidad jurídica y política de una captura de esta naturaleza, resulta difícil ignorar que la salida de Maduro abre una posibilidad real, aunque frágil, de romper con años de impunidad y estancamiento. No se trata de celebrar la intervención en sí, sino de reconocer que, tras una crisis prolongada sin salidas internas efectivas, este hecho puede facilitar condiciones para una transición que antes parecía bloqueada. Esa oportunidad, sin embargo, solo será válida si se gestiona con responsabilidad, evitando la revancha, protegiendo a la población civil y apostando por instituciones legítimas y transparentes.

Los riesgos siguen siendo considerables. La presencia de actores armados, la tensión social y la disputa de legitimidades pueden derivar en escenarios de inestabilidad si no se logra un acuerdo político amplio. La captura de Maduro no desmantela automáticamente las redes de poder que sostuvieron su gobierno, ni garantiza por sí sola un futuro democrático. El verdadero desafío será transformar este quiebre en un proceso ordenado de reconstrucción nacional.

Venezuela se encuentra, sin exagerar, en una encrucijada histórica. Este momento puede convertirse en el inicio de una nueva etapa de libertad y reconstrucción institucional, o en el preludio de una crisis aún más profunda. El desenlace dependerá de la madurez de sus liderazgos, de la presión responsable de la comunidad internacional y, sobre todo, de la capacidad del pueblo venezolano para reclamar un futuro en el que la justicia, la dignidad y la democracia dejen de ser promesas postergadas.