Una reprogramación por Q700 millones del presupuesto de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) para el 2025 ha evidenciado errores en la planificación presupuestaria y una “preocupante improvisación legislativa”. Aunque las autoridades aseguran que el recorte no afecta proyectos de mantenimiento, para el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) esta asignación fue un ejemplo de cómo decisiones sin sustento técnico pueden comprometer la lógica y eficacia del gasto público.

“Estamos hablando de Q700 millones, no es poca cosa”, señaló Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Icefi. A su juicio, el traslado inicial de estos recursos a Covial —una entidad que no tiene capacidad legal ni operativa para comprar y administrar maquinaria— fue una señal clara de que el presupuesto fue modificado de forma antitécnica.

“Esto ocurre cuando las modificaciones las hacen los diputados sin respaldo técnico y siguiendo intereses que muchas veces no son los del país”, agregó.

¿Qué pasó con los Q700 millones?

Según registros del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), a Covial se le recortaron Q737 millones de su presupuesto del 2025. De ese total, Q530 millones fueron reprogramados el 24 de enero, por medio del artículo 129 del Decreto 36-2024 —Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado—, y Q207 millones más fueron transferidos el 11 de marzo a la Dirección General de Caminos del Ministerio de Comunicaciones.

El motivo, explicaron las autoridades de Covial, es que estos fondos habían sido destinados para la compra de maquinaria pesada, equipo de construcción y transporte, a pesar de que esa entidad no realiza mantenimiento por administración directa ni tiene estructura técnica para operar maquinaria propia. Su modelo de trabajo se basa exclusivamente en la contratación de empresas privadas.

“Técnicamente, sí fue un error la asignación de los Q700 millones, ya que, como se indicó, el modelo de funcionamiento de Covial es por medio de la contratación de empresas. A diferencia de Caminos, que sí cuenta con la estructura administrativa por medio de las zonas viales para ejecutar trabajos por administración”, reconoció Luis Sánchez, del equipo técnico de esa dependencia.

“La normativa vigente no le da a Covial ese carácter. No es una unidad ejecutora como la Dirección General de Caminos, que sí tiene zonas viales, personal y maquinaria”, coincidió Barrientos.

Agregó: “Covial es un fondo, no una dirección general. En algunas ocasiones incluso ha operado mediante fideicomiso”.

Barrientos recalcó que, por lo tanto, los fondos fueron reasignados a otras instituciones con capacidad real para adquirir y utilizar equipo. Parte del dinero fue transferido a la Dirección General de Caminos, y otra parte quedó bajo el reordenamiento general establecido en el artículo 129 del decreto presupuestario.

Error técnico con implicaciones políticas

Desde Covial se insiste en que el recorte no afecta el Plan Anual de Mantenimiento de la Red Vial del 2025, ya que este fue formulado con base en un presupuesto ordinario de Q1 mil 462 millones, sin incluir los recursos que luego se reprogramaron. Sin embargo, el Icefi considera que el error tiene implicaciones más profundas.

“Este fue un error introducido por la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso al dictaminar la iniciativa de ley del presupuesto”, advirtió Barrientos.

En su análisis, el artículo 129 permitió modificar la distribución del gasto sin alterar el techo general, pero con amplios márgenes de discrecionalidad.

“Lo hemos dicho desde que se aprobó: ese artículo es totalmente antitécnico”, señaló.

Este tipo de cambios, según el experto, se presta a decisiones apresuradas, mal diseñadas y, en algunos casos, con motivaciones particulares.

“Cuando se aprueban partidas multimillonarias sin respaldo técnico, es inevitable preguntarse si están sirviendo a intereses vinculados a actores políticos”, añadió.

Indicó que, aunque el reordenamiento corrigió la asignación equivocada a Covial, el caso abre un debate más amplio sobre la calidad del diseño presupuestario en Guatemala y la necesidad de limitar los espacios para que el Congreso altere partidas sin justificación técnica.

Pagos

Durante la primera fase del invierno se registraron derrumbes en diferentes regiones, por lo que las empresas contratadas de Covial comenzaron a laborar en las reparaciones mientras dure la canícula. Posteriormente, la secuencia de sismos a partir del 8 de julio último provocó un deslizamiento en la carretera principal que conecta con Santa María de Jesús, Sacatepéquez, lo que mantiene incomunicados a los pobladores y también se debió atender la emergencia.

Entre mayo y junio del 2025, Covial adjudicó Q30 millones para supervisar obras de mantenimiento vial, pero persisten debilidades estructurales en el modelo de fiscalización de carreteras en Guatemala. Aunque la Ley de Contrataciones delega esta labor a empresas externas desde 1992, existen antecedentes de constructoras que han supervisado sus propios proyectos, lo que ocasionó conflictos de interés que comprometen la calidad de las obras, aseguró el exministro de Comunicaciones, Aldo García, en una entrevista reciente, quien no duda de que esto aún ocurra.

Covial y la Contraloría General de Cuentas aseguran haber reforzado los controles para evitar esas irregularidades. Entre las medidas recientes destacan la implementación de una bitácora electrónica con georreferenciación y evidencia visual del supervisor en el lugar de trabajo, así como el uso de tecnologías como GIS, LiDAR y fotogrametría para monitorear el estado de las obras. También se coordinan pruebas de laboratorio con la Universidad de San Carlos.