El coronel retirado Hugo Ramiro Zaldaña Rojas fue condenado el 23 de mayo de 2018 por el Tribunal de Mayor Riesgo C a 25 años de prisión por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen, 25 más por delitos contra los deberes de humanidad y ocho años por la violación agravada de Emma Guadalupe Molina Theissen.

Los jueces resolvieron también que los militares en situación de retiro Manuel Callejas y Callejas y Manuel Benedicto Lucas García fueron responsables de las torturas y vejámenes contra Emma Guadalupe y del secuestro y desaparición de Marco Antonio, quien apenas tenía 14 años de edad. La sentencia para cada uno fue de 58 años de cárcel. Asimismo, el militar Francisco Luis Gordillo Martínez fue hallado culpable y sentenciado a 33 años de privación de libertad.

En el juicio quedó probado que el 6 de octubre de 1981 un comando armado ingresó a la casa de la familia Molina Theissen en la colonia La Florida, zona 19 de la Ciudad de Guatemala. Al no encontrar a Emma Guadalupe, quien un día antes logró escapar de la base militar donde estaba siendo torturada y violada, se llevaron por la fuerza a su hermano menor, a quien le colocaron un saco en la cabeza y lo tiraron en la parte de atrás de un vehículo. De todo eso fue testigo su mamá, doña Emma Theissen, quien desde entonces no ha dejado de buscarlo.

Aquel fue un fallo histórico en el que un tribunal nacional emitió una sentencia condenatoria por gravísimos delitos ocurridos durante los años de la guerra en Guatemala y confirmó que en nuestro país hubo terrorismo de Estado. También quedó en evidencia cómo la violencia sexual se utilizó como una táctica de guerra y la manera en que los escuadrones de la muerte operaron desde las entrañas de la institucionalidad bajo las órdenes de la cúpula militar.

Sin embargo, todo ha ido en retroceso. El juez presidente del tribunal C de Mayor Riesgo, Pablo Xitumul, fue separado de su cargo y no ha podido volver a la judicatura. El equipo de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) fue desarticulado y fiscales e investigadores que lograron condenas en casos emblemáticos como este fueron trasladados o despedidos. Y producto del retroceso democrático de Guatemala y de la cooptación del sistema de justicia, los culpables de estos atroces delitos siguen siendo beneficiados con resoluciones que violentan la ley.

Apenas este viernes 11 de abril la Sala Primera de Apelaciones otorgó prisión domiciliaria a Zaldaña Rojas. Esta resolución, además de contravenir lo que establece el Código Penal cuando se trata de ilícitos de lesa humanidad, es una bofetada para la familia Molina Theissen y para las más de 45 mil víctimas de desaparición forzada en Guatemala.

Doña Emma Theissen se ha pasado la vida buscando a Marco Antonio. Con más de 90 años de edad, su lucha ahora es también contra el tiempo. Ella y sus hijas, Lucrecia, Emma Guadalupe y María Eugenia, siguen exigiendo que les digan dónde está aquel pequeño de 14 años que se llevaron por la fuerza hace 43.

Hay que ser muy cínico para pedir “compasión” y continuar negándole a una madre el derecho a saber dónde están los restos de su hijo después de que se lo arrebataron, lo desaparecieron y la acusaron de tenerlo escondido para cobrar una indemnización. Hay que ser muy cruel para retorcer la justicia a favor de personas que torturaron, desaparecieron, violaron y atormentaron a otros seres humanos y siguen justificando y reivindicando esas terribles acciones.

A las valientes Molina Theissen, mi solidaridad y admiración por seguir en la búsqueda de la verdad y por ese amor profundo e incondicional a Marco Antonio, que las sigue guiando y sosteniendo para no cejar en el empedrado camino hacia la justicia.