Nunca se aclaró realmente el motivo de la renuncia de la anterior jefa de la Dirección General de Transportes (DGT), quien dejó el cargo a finales de abril pasado, cuando aún resonaban los ecos del trágico busazo de la Calzada de la Paz, ocurrido el 11 de febrero. Solo estuvo un semestre en el cargo, pero desde su llegada se enfocó en tratar de priorizar la calidad de servicio a los usuarios de autobuses extraurbanos. Parte de su gestión fue abordar una enorme presa de denuncias de abusos, irregularidades y situaciones riesgosas denunciadas por la ciudadanía. A la vez, declaraba que su intento era dialogar con las gremiales privadas para tener mejor control de los pilotos, monitoreo de su desempeño y concretar sanciones en caso de ser necesario.
El infausto suceso de la referida calzada fue una dolorosa actualización de las condiciones precarias de muchas unidades. En cifras, 45% de los autobuses extraurbanos ya sobrepasó el límite legal de 25 años de antigüedad. Los empresarios insisten en minimizar este factor, al decir que depende del mantenimiento, del estado de las carreteras y también de la —a menudo— impredecible conducta de los pilotos.

Mynor González Henríquez, nuevo jefe de la DGT, ha continuado las reuniones con transportistas, a fin de encontrar acuerdos. Pero estos insisten en que se “legalice” la antigüedad máxima de 25 hasta 30 años (y en un lustro pedirán que sean 35). Y, si no los complacen, el siguiente capítulo de esta novela negra serán unos bloqueos y paros para que los dejen operar a sus anchas, con amplias excusas para no hacerse responsables de los pilotos, quienes a su vez, tras un percance, se cambian de empresa y siguen. En operativos efectuados en junio último, la DGT detectó 24 buses sobrecargados, 15 sin tarjeta de operación, 11 sin seguro obligatorio vigente y a dos choferes sin registro.

La propuesta de la DGT para “certificar” el estado de los autobuses viejos es tercerizar su revisión a talleres mecánicos que el propietario del bus elija y que será quien pague por tal servicio. ¿Quién va a entregar así una auditoría desfavorable? Y si son 20, 30 o 40 unidades, el negocio es más grande. Nunca se supo cuáles fueron los méritos y especialidades por las cuales fue elegido el actual director de la DGT, pero —sin duda alguna— los protocolos de seguridad en el traslado masivo de personas no figuran dentro de sus prioridades.

Tienen un punto los transportistas al decir que el modelo de un vehículo no es el único determinante para evitar tragedias. Sin embargo, no están ofreciendo nada más que excusas ante una necesidad generalizada de brindar seguridad a las personas de las cuales obtienen su peculio. Y la DGT no debería tratar de actuar como mediadora de intereses, sino como una autoridad responsable que lleva décadas varada entre cuestionamientos e inacciones.

Los vuelcos y colisiones de autobuses han proseguido a lo largo y ancho del país. ¿En qué momento las gremiales han asumido una postura pública de responsabilidad para que sus afiliados refuercen los códigos de conducta de sus colaboradores? Cuando una persona recibe una concesión para prestar un servicio público, sí, busca un beneficio económico… pero con ello asume una responsabilidad ética y legal, lo cual incluye obedecer las leyes vigentes al momento de recibir una tarjeta de operación. La DGT, por su parte, si otorga alguna concesión para llevar la negociación adelante, también debe exhibir los beneficios creíbles, tangibles y auditables que recibirán los usuarios. De lo contrario, solo será un trámite vacío o, como dicen con sorna, un cumplimiento: es decir, “cumplo y miento” (“y arriesgo a diario a la gente”).