Está visto que a los diputados no les importa el desprestigio que han acumulado por su insistencia de mantener a costa de todo el desmedido aumento de sus ingresos mensuales. No solo es un alza del 489 por ciento, lo cual es un insulto para la mayoría de la población que vive en la pobreza, sino que afecta de sobremanera el presupuesto del Organismo Legislativo. Precisamente por el rechazo popular, la junta directiva del Congreso dijo que había suspendido a finales de marzo último el acta que dio luz verde al aumento salarial aprobado en noviembre de 2024. El presidente de ese organismo, Nery Ramos, expresó que esa acción se debía a que se había generalizado el repudio a ese incremento en diferentes sectores de la población. Sin embargo, el Departamento Jurídico del Legislativo indicó que solo el pleno del parlamento tiene la facultad de anularlo. Por ello, los diputados llevan tres semanas de no asistir a sesiones para evitar que se pueda revertir su abultado ingreso.

El incremento que se recetaron los diputados es un saqueo a los recursos del Legislativo. Hasta el 2024, el salario base de los diputados era de Q9 mil 550, pero a partir de febrero de este año se incrementó a Q46,700, casi cinco veces más que antes. A eso hay que agregar los Q9,600 por participar en el pleno, Q5 mil de gastos de representación y Q5 mil por participar en reuniones de comisiones. Los diputados rasos ahora tienen un ingreso mensual de Q66 mil 300, cuando antes devengaban Q29 mil 150. El salario es exorbitante si se trata de los miembros de la Junta Directiva. El presidente del Congreso recibe ahora Q97,300, los tres vicepresidentes devengan Q81 mil 300 cada uno y los cinco secretarios, Q76 mil 300 cada uno. Todo un sueldazo para el decoro y la relevancia de los legisladores a costillas de nuestros impuestos y que viene a resolver el cierre del chorro de las dádivas como las que, en forma obsequiosa, extendía el expresidente Giammattei.

La resistencia para asistir a las sesiones del pleno se debe a que los diputados esperan recibir el tercer mes de aumento salarial a finales de abril para reclamarlo como un supuesto derecho laboral adquirido. Ese argumento carece de toda base legal. Tanto la Constitución Política como el Código de Trabajo no dan a los parlamentarios la calidad de empleados para tener ese tipo de derechos. El artículo 161 de la Carta Magna establece que los diputados son representantes del pueblo y dignatarios de la Nación, lo que significa que no son empleados que hayan sido contratados por un patrono. Eso mismo determina que carecen de una jornada de trabajo regular y de prestaciones como indemnización y vacaciones. En realidad, los diputados hacen lo que les da la gana, como ausentarse de sus labores durante tres semanas, sin que eso signifique un despido, ya que fueron electos para cuatro años. De esa manera se cae la treta que buscan montar para quedarse con el desmesurado aumento.

La Corte de Constitucionalidad (CC) pudo frenar el incremento, pero rechazó un amparo del partido Viva que planteaba que contradecía los principios de austeridad y transparencia. Es obvio que los magistrados de esa corte tratan de congraciarse con los diputados y argumentaron que al pleno del Legislativo le corresponde decidir sobre el alza salarial. En otras palabras, la CC deja que los diputados sigan con el juego de la paralización de las actividades del Legislativo por el simple hecho de su interés pecuniario. Frente a esa actitud farisea, las autoridades de los 48 cantones de Totonicapán se han puesto en la primera línea del rechazo al abusivo incremento y ya han recibido el respaldo de 38 autoridades indígenas ancestrales del país. El aumento salarial de los diputados es una bofetada a la población que dicen representar y que sobrevive bajo la línea de pobreza.