Hace poco más de un mes comenzaron cambios en facultades de Derecho de algunas universidades, lo cual podría parecer rutinario si no fuera por la confluencia de sustituciones de cara a la integración de comisiones de postulación para las elecciones de magistrados del Tribunal Supremo Electoral y para elaborar la nómina del siguiente fiscal general. Así también, ya se observan movimientos previos relativos a la próxima postulación y designación de contralor General de Cuentas. Y es allí donde el ejercicio de las postuladoras no terminó de consolidarse porque se convirtió en una piñata con muchos palos o en un bingo en el que cada vez más grupos compran cartón.

Cuando surgió la figura de las postuladoras, en el 2009, se encomendó a rectores y decanos universitarios, según el caso, la responsabilidad de evaluar y calificar la excelencia profesional, honorabilidad, trayectoria y aportes sociales trascendentales de los aspirantes a magistraturas. Había entonces seis universidades y alguna más en formación. Han pasado poco más de tres lustros y en estos han surgido más casas de estudios superiores: hoy existen 17, tomando en cuenta las dos recién aprobadas. Es curioso cómo surgen con pocas carreras, pero nunca les falta la de Derecho. El interés se cuenta solo.

El cuestionamiento sigue siendo el mismo: ¿Cómo blindar los procesos de postulación para cargos públicos de alto impacto? ¿Cómo excluir la politiquería y los trasiegos de influencias? En una de las recién creadas casas de estudios figuran funcionarios con nexos judiciales obvios y, por ende, agendas predecibles. No es la primera vez que tales vínculos se notan, pero cada vez más se complica el foro postulador y se hace más vulnerable el proceso, mientras otros sectores quedan excluidos.

La lógica original era clara: pocas universidades, cuerpos académicos consolidados y una representación capaz de sostener estándares éticos firmes. Pero ese mapa se ha vuelto complejo. Por supuesto, es loable que se amplíe la oferta educativa, en calidad, cobertura e incluso accesibilidad. Sin embargo, poco a poco la carrera de Derecho presenta una especie de macrocefalia: es la que más estudiantes tiene, a pesar de un mercado ya saturado. ¿Por qué no hay más oferta de ciencias exactas, de las ingenierías, de la tecnología?

La creación casi estratégica de facultades se ha convertido en una ruta rápida para ingresar decanos a espacios donde se decide quién ocupará puestos sensibles de decisión. Solo el tiempo muestra qué universidades surgen con un ideal de calidad y no de alineamiento. Y han sido previas postuladoras las que exhiben confabulaciones, transgresiones éticas y hasta negociaciones subrepticias. Basta recordar el caso Comisiones Paralelas, que quedó descartado judicialmente, pero no moralmente, sobre todo por el abordaje timorato al evaluar el requisito de reconocida honorabilidad.

Para hacer una validación de hojas de vida, títulos y si tienen o no sentencias, no se necesitan 20 juristas. Hasta con un procesador de inteligencia artificial se podría, y quizá con más eficiencia. Se necesitan rectores y decanos con suficiente capacidad crítica y compromiso con la historia para los procesos que se avecinan. Ya se ve más de uno que no da la talla, pero será cuestión de corregir a futuro la configuración de las postuladoras. ¿Por qué no incluir a otros colegios profesionales? ¿Por qué no definir otras formas de representación ciudadana para estos menesteres? Por ahora solo resta un monitoreo total de las postuladoras, cuyas sesiones y bitácoras deben ser públicas, sin reuniones a escondidas.