¿A un Congreso indolente e insolente que sigue cobrando un autoaumento abusivo e ilícito extraído del bolsillo ciudadano le va a importar realmente el medio ambiente, que no tiene precio? Perfectamente lo dijo el Salvador del Mundo al sentenciar: “Quien no es fiel en lo poco no puede ser fiel en lo mucho”. Dicho esto a propósito de un disparate legislativo, avalado por 83 diputados en septiembre: el decreto 9-2025, que trastoca la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (decreto 68-86), para crear una especie de fuero especial en materia de impacto ecológico para cierto tipo de proyectos, en detrimento de otros sectores ciudadanos y, sobre todo, del entorno natural, que es responsabilidad de todos.

La respetuosa invocación sagrada viene al caso porque una de tales concesiones, otorgada a priori de cada obra y sin ninguna base técnica, es para la construcción de cualquier proyecto de carácter religioso: desde una pequeña capilla hasta un megatemplo. Ello en sí entraña una extralimitación legislativa que apela, de alguna manera, a un credo como distintivo para quedar exentos de tramitar licencias de impacto ambiental.

Podrían argüir los votantes de esta reforma que se trata de obras que aportan a la espiritualidad de la gente, pero ¿qué pasa con la evaluación oficial de riesgo sísmico o hidrológico del área? ¿No importa acaso el impacto que tenga en la vida de los prójimos? Y cabe señalar que el apresurado cambio también dispone de exención de permiso ambiental a obras de tipo “comercial”. ¿Cuál es la delimitación legal de tal concepto y a quiénes realmente beneficia y a quiénes segrega? En todo caso, lo toral es que una modificación tan irreflexiva y casuística contraviene el principio constitucional de igualdad ante la ley.

El 14 de octubre, el pleno decidió desechar la discusión seria de objeciones planteadas a las reformas del decreto 9-2025. Cabe aclarar que no se trata de una discusión sobre libertad religiosa, pues esta existe previamente y seguirá existiendo. Toda iglesia reconocida y constituida legalmente en el país posee esa misión de orientar las vidas de sus creyentes hacia la mejora personal, familiar y de convivencia social. Los templos religiosos son recintos de gran respeto y de alta inspiración de los mejores ideales. ¿Acaso integrar el cuidado de la Naturaleza, de la Creación de Dios, no debe formar parte de su credo cotidiano?

En todo caso, acerca del cumplimiento de requisitos lícitos de la vida civil y estatal, el propio Señor Jesús dijo: “Dad al César lo que es del César y a Dios, lo que es de Dios”. Tramitar una licencia ambiental para un proyecto inmueble, sobre todo si es de grandes dimensiones, forma parte de los cumplimientos cívicos de toda organización, ya sea religiosa o laica, comercial o industrial, nacional o extranjera. Eliminar esa obligación también tendría otras implicaciones hipotéticas ulteriores como suprimir los permisos municipales de construcción para el tipo de proyectos segregados por el 9-2025.

Dada la tozudez legislativa, que en algunos casos alcanza niveles irrisorios, será necesario el veto presidencial a dicha reforma, tan parcializada, que altera una ley emitida en 1986, gracias a la cual todavía se conserva parte de la riqueza natural y ecológica del país, creada por Dios, pero encomendada al cuidado de los seres humanos. Ojalá que la formulación del veto presidencial sea la correcta y no dejen las pifias que condujeron a la vigencia del botín electorero de los Codedes, un despropósito en el cual no medió ningún escrúpulo. Finalmente, cabe recordar las palabras de Jesús: “Por sus frutos se conoce el árbol”.