La alerta se da tras confirmar irregularidades, presiones e injerencias en la elección de autoridades de instituciones clave para el Estado de derecho.

En entrevista con EFE al cierre de su estancia en el país tras el 195 Periodo de Sesiones de la CIDH, la vicepresidenta del organismo y relatora para Guatemala, Andrea Pochak, señaló que los riesgos advertidos por la comisión en 2025 se han confirmado mediante denuncias de “procesos viciados por prácticas irregulares”.

“La independencia judicial es un elemento básico para la democracia. Sin independencia judicial no hay democracia y sin democracia no hay vigencia de derechos humanos”, sentenció Pochak.

La relatora manifestó especial preocupación por el uso del Ministerio Público (Fiscalía) para “perseguir a operadores políticos, a voces disidentes, al periodismo, a funcionarios judiciales y a comunidades indígenas”.

Respecto al proceso para elegir al próximo fiscal general, Pochak subrayó que no basta con un cambio de nombres, pues “es importante que la persona que ejerce ese lugar tenga eficiencia, experiencia y pueda llevar adelante un plan de trabajo que implique un cambio” en la institución.

Actualmente, la Comisión de Postulación analiza las impugnaciones contra los aspirantes, entre quienes figura la actual fiscal general, Consuelo Porras, que busca un tercer mandato consecutivo pese a las sanciones internacionales y su confrontación con el presidente, Bernardo Arévalo, quien la señala de liderar intentos de golpe de Estado.

Anomalías en elecciones

La CIDH también documentó anomalías en la reciente renovación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Corte de Constitucionalidad (CC). Según Pochak, llamó la atención que la Fiscalía encabezara operativos el mismo día de las elecciones en el gremio de abogados o en las puertas del Congreso.

“Recibimos denuncias de llamados e injerencias indebidas para orientar la elección a un candidato o a otro. Muchos cambios en las puntuaciones no estuvieron justificados”, explicó la comisionada, quien recordó que estas “comisiones paralelas” han sido advertidas por la CIDH desde hace años.

El Congreso guatemalteco eligió el pasado 10 de marzo a los magistrados del TSE (2026-2032), en un proceso cuestionado por la falta de entrevistas a aspirantes. Por su parte, la CC quedó integrada recientemente para el periodo 2026-2031, aunque analistas sugieren que la correlación de fuerzas mantiene al Ejecutivo en minoría frente a una mayoría opositora.

Pochak concluyó señalando que Guatemala presenta un escenario “atípico” con decenas de jueces y fiscales en el exilio. “No hay otro país que tenga un fiscal anticorrupción preso hace tres años o que la gente le tenga miedo a la fiscal general como representante de la arbitrariedad”, puntualizó.

Pese a valorar la apertura gubernamental a la observación internacional, la CIDH lamentó que sigan sin aplicarse las reformas estructurales para fortalecer la justicia, en referencia a las más de 40 recomendaciones emitidas por el organismo en diciembre de 2025.