Representantes comunitarios, expresaron que las disputas políticas de la administración no han resuelto los problemas de fondo en aldeas, barrios y zonas urbanas. “Estamos cansados de una municipalidad que pelea con los sectores productivos mientras los vecinos seguimos esperando soluciones”.

Por su parte, de lado del sector empresarial, recordaron que Antigua Guatemala depende en gran manera de la inversión privada, el turismo, el comercio, la gastronomía, la hotelería, los servicios, la construcción y el transporte.

La actividad económica y turística del municipio llega a mover cerca de Q9 mil millones al año, casi 45 veces más que el presupuesto municipal de Q200.2 millones. Además, este último rubro mencionado, genera más de 30 mil empleos directos, incluidos 24,533 en restaurantes y 4,512 en hoteles.

“Cada ataque contra el sector privado es un ataque contra empleos, proveedores, turismo y familias que viven de la economía de Antigua”, indicaron empresarios durante el pronunciamiento.

Los sectores civiles advirtieron que Antigua no está detenida por los empresarios, sino por una administración que ha convertido la gestión pública en una pelea permanente contra diferentes sectores.

Afirmaron también que, el municipio necesita seguridad, certeza jurídica, reglas claras, inversión, obras bien ejecutadas y una relación institucional sería entre la Municipalidad, vecinos, empresarios, fundaciones, comerciantes, desarrolladores y organizaciones civiles, así como información verdadera, evitando la difusión de fake news contra los posibles críticos de una gestión que es pública.

Si existe convenio

Uno de los temas abordados fue el conflicto generado desde la Municipalidad por el sistema de videovigilancia. Los denunciantes, recordaron que esa infraestructura no es un negocio privado, sino un sistema financiado por ellos (vecinos y empresarios), con un costo total de Q7.7 millones respaldado con facturas, entregado en calidad de uso para servir a la población y operado por las autoridades competentes, como la Policía Nacional Civil, única institución facultada para coordinar la seguridad pública, según el mandato constitucional.

A diferencia de lo difundido por el alcalde Juan Manuel Asturias, su secretario y otros funcionarios municipales, FUNDANTIGUA mostró la existencia de un convenio público privado con la Policía Nacional Civil, ente encargado de operar el sistema de videovigilancia otorgado en calidad de uso por la Fundación. Algunos periodistas de la localidad, que según los denunciantes, han sido pagados por la administración municipal, se han encargado en decir que no existía y que la seguridad era un ente privado, lo cual es totalmente falso.

“La desinformación solo genera confrontación. Antigua Guatemala necesita verdad, transparencia y soluciones. Y también es importante decirlo: se han difundido muchos señalamientos dirigidos a mi persona, cuando FUNDANTIGUA es un esfuerzo colectivo de empresarios y vecinos, yo soy un donante más”, expresó Diego Castañeda, empresario y miembro de la Fundación para el Desarrollo de Antigua Guatemala (FUNDANTIGUA)

También se mostró la existencia de otro convenio con el Ministerio Público. Por lo cual se insta a la Municipalidad a no continuar con la compra de un sistema de videovigilancia paralelo, pues existe uno que ha funcionado perfectamente desde hace seis años, y el cuan no tiene ningún costo para el vecino. Comprar uno nuevo al ya existente costará una erogación innecesaria.

Una Municipalidad transparente es clave para todos

Finalmente, los denunciantes hicieron un llamado directo al alcalde Juan Manuel Asturias y al Concejo Municipal para corregir el rumbo, rendir cuentas, detener la confrontación y respetar a los sectores que sostienen la economía, la seguridad y el desarrollo de Antigua Guatemala. “Alcalde, deje de pelear con Antigua. Gobierne, rinda cuentas y respete a los vecinos, empresarios e instituciones que sostienen esta ciudad”, concluyeron.

Antigua Guatemala necesita una Municipalidad que gobierne, no una administración dedicada a confrontar. Con más de Q200 millones de presupuesto, la administración debe rendir cuentas y ser transparente en su ejercicio fiscal, siendo sus funcionarios personas públicas, debe comprender que sus acciones pueden estar expuestas al escrutinio público si no son de beneficio para el municipio.