Alligator Alcatraz cumple un mes de funcionamiento en Florida, con unos 600 migrantes deportados desde ahí, mientras el Gobierno estatal presume de como un “hub” para deportaciones y un modelo para los próximos centros de detención de la administración de Donald Trump, pese a denuncias de opacidad y abusos.

El centro de detención se construyó en solo una semana en un aeropuerto antes abandonado entre los Everglades, zona natural al oeste de Miami rodeada de caimanes y pantanos, por lo que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, lo ve como ejemplo para otros centros mientras activistas lo consideran ícono de violaciones a derechos.

“Este campo de detención de los Everglades es un ejemplo atroz de la sobreactuación del Gobierno ahora donde están buscando, mediante sus excesos, construir estos campos de detención en expansión”, dijo a EFE Jeff Migliozzi, director de comunicaciones de Freedom For Immigrants, que lucha contra las prisiones migratorias.

Los vuelos operados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) que comenzaron hace dos semanas han deportado a 600 migrantes desde Alligator Alcatraz, según estimó DeSantis el viernes, y grupos como la Florida Immigrant Coalition (FLIC) contabilizaron la detención de al menos mil migrantes desde su apertura, el 3 de julio.

Estas son algunas de las polémicas que rodean al insólito centro de detención.

• Comida con gusanos. En julio último, migrantes que estuvieron en el centro de detención denunciaron que la comida que se les sirve a los migrantes prisioneros tenían gusanos. Además, denunciaron un excesivo calor y falta de agua en las prisiones.

• Falta de asesoría legal. El 16 de julio, varios grupos de derechos humanos demandaron ante la justicia al gobierno de Trump, por la falta de acceso a asesoría legal de los detenidos en el centro. Los demandantes aseguran que se les está vedando este derecho a los prisioneros, pues no cuentan con abogados para sus respectivos casos.
• Niegan entrada a legisladores. A finales de julio, varios legisladores demandaron al Gobierno por negarles la entrada a las instalaciones de la cárcel, manejada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La demanda fue presentado por 12 congresistas demócratas.
• En huelga de hambre. Recientemente se conoció que varios prisioneros estaban en huelga de hambre como protesta a las malas condiciones en que se encuentran. Este lunes, el Gobierno de EE. UU. negó que existieran huelgas de hambre en el penal.
• Daños ambientales. Grupos ambientalistas también denunciaron al gobierno de Trump por daños al medioambiente. Los demandantes aseguran que el Gobierno no hace nada para proteger la reserva nacional que rodea a Alligator Alcatraz. A finales de julio, un juez permitió que a la demanda se uniera la tribu Miccosukee, quienes aseguran que han vivido allí y siempre han cuidado esas tierras.
• Falta de transparencia. Existe una “falta de transparencia” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pues sus estadísticas no muestran la cifra oficial de detenidos, aseguró a EFE la profesora Susan B. Long, cofundadora del proyecto TRAC, que analiza los datos de detenciones migratorias en Estados Unidos.
• “En jaulas”. Legisladores demócratas informaron de la existencia de 750 migrantes “en jaulas” tras entrar el 12 de julio al sitio, con una capacidad actual para dos mil personas que se elevaría a cuatro mil, de acuerdo con la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM), encargada del lugar.
• Derroche de recursos. Florida alegó “una emergencia” para construir el sitio, estimado en US$450 millones, y la semana pasada la Agencia Federal de Manejo de Desastres (FEMA) anunció US$608 millones a gobiernos estatales y locales para construir o ampliar centros de detención para migrantes.
• Tensión política. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, envió una carta de protesta a Estados Unidos por las supuestas violaciones dentro de la prisión. A la vez pidió que los detenidos sean deportados de inmediato. Una misión de observadores guatemaltecos también visitará pronto esas instalaciones ante las denuncias.

*Con información de EFE y AFP