Guatemala ha tenido nueve constituciones desde su historia republicana. La actual, aprobada en 1985 y en vigor desde 1986, es la más duradera. Este año cumplió cuatro décadas, pero el Congreso no celebró oficialmente el Día de la Constitución, como lo establece el decreto 2-86 de la Asamblea Nacional. Es una fecha que merecía una conmemoración nacional. Se trata de la ley suprema del país, el marco que organiza el poder público, delimita sus funciones, protege los derechos ciudadanos y permite que la democracia funcione. Menospreciar su aniversario revela una desconexión preocupante de quienes están llamados a defenderla.

Pero el mal sabor que ha dejado el Congreso este año no se limita a esa omisión. A muchos ciudadanos les indignó el aumento desproporcionado del salario base de los diputados, que pasó de Q9,550 a Q46,700 mensuales, sin justificación técnica ni debate público. A eso se suma la baja productividad legislativa, la falta de acuerdos para avanzar en reformas necesarias y sostener sesiones ordinarias.

Sin embargo, en 2026 el Congreso junto a otras instituciones serán determinantes para fortalecer la República. Ese año coinciden varias renovaciones importantes de autoridades del Estado, y en su mayoría el Congreso participa de manera directa o indirecta. Lo que está en juego no es menor: integridad electoral, defensa de la Constitución, lucha contra la corrupción y control del gasto público.

El 20 de marzo, el Congreso debe nombrar a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral; cinco titulares y cinco suplentes, elegidos de una lista de 20 candidatos que son presentados por una comisión de postulación. Urge designar a personas independientes, con carácter y visión, que comprendan la responsabilidad histórica de su función. Lo que se decida influirá en el rumbo electoral de 2027. La ciudadanía tiene derecho a exigir perfiles con preparación, carácter y compromiso con el país.

Después, el 14 de abril, se renueva la Corte de Constitucionalidad. Cada institución elige a un magistrado: el presidente, el Congreso, la Corte Suprema, la Usac y el Colegio de Abogados. Aquí no se trata de cuotas ni de favores, sino de elegir a personas que sepan defender la Constitución, incluso en circunstancias complejas. La Corte debe resolver apegada a la ley, y ser totalmente independiente.

Del 17 de marzo al 18 de mayo se realiza el proceso para renovar la jefatura del Ministerio Público. El Ejecutivo deberá designar al nuevo fiscal general a partir de una nómina de seis enviada por una comisión de postulación. Aunque el nombramiento corresponde al presidente, es claro que el proceso suele estar influido por múltiples actores políticos. Por eso, es fundamental que se elija a una persona con carácter, preparación e independencia, que actúe con valentía y sin sometimiento.

Previamente al 13 de octubre se tendrá que nombrar un nuevo contralor general de Cuentas, responsable de auditar el uso de los recursos públicos. La elección corre a cargo del Congreso, a partir de una nómina de seis candidatos propuesta por una comisión de postulación. Elegir bien al contralor significa proteger los fondos públicos y evitar que el control fiscal se utilice con fines políticos.
El mandato del presidente y vicepresidente del Banco de Guatemala termina el 30 de septiembre de 2026. El Ejecutivo tendrá que nombrar a quienes los reemplacen. Es una decisión clave. Deben evitarse perfiles con intereses políticos y mantener la autonomía y el carácter técnico del banco.

Para elegir a las nuevas autoridades, no basta con cumplir fechas; se necesitan transparencia, mérito y compromiso con el país. Sin instituciones independientes, no hay democracia que resista. Y sin vigilancia ciudadana, no hay institución que aguante.