Tras las órdenes de captura ejecutadas este miércoles 23 de abril en contra de dos exintegrantes de la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, a quienes se les señala de supuestamente haber cometido delitos por liderar las manifestaciones realizadas en 2023 en contra de la Fiscal General, Consuelo Porras, el Ministerio Público asegura que se les persiguió por ser acciones coordinadas «delictivas».

Sin embargo, aunque afirman que «no criminalizan a ningún grupo», según el Secretario General del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda así como el fiscal regional Dimas Jiménez, la investigación se asegura que se centró en «cinco personas» que pertenecen a los 48 Cantones, más no a toda la organización.

En la conferencia, se esperaba que estos dieran pormenores de los hechos por los cuales se solicitó la orden de captura en contra de los dos exdirigentes campesinos y otros involucrados en el caso, pero finalmente las autoridades del MP afirmaron que el caso esta «bajo reserva» por lo que muchos hechos y pruebas preliminares no pueden darse a conocer.

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«Establecimos que no era simplemente una manifestación, sino que esa manifestación se conllevó con actos numéricos, con una calificación específica para obtener un resultado, eso se va a ampliar en el órgano jurisdiccional con todos los medios de investigación recabados», explicó Kleyber Sical, fiscal contra el crimen organizado.

POSIBLES HECHOS

Aunque ante las diferentes preguntas de los medios de comunicaciones, los fiscales reiteraron en diversas ocasiones que el caso se encuentra «bajo reserva», finalmente señalaron que el proceso nació de una supuesta denuncia anónima interpuesta en 2023 contras las protestas que se realizaron entre octubre y noviembre de ese año, aunque omitieron especificar que dichas manifestaciones exigían la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras.

«Cuando hubo esos bloqueos se puso en riesgo y se vulneraron diversos bienes jurídicos tutelados», señaló Jiménez.

Mientras que Sical explicó que son cinco los delitos por los cuales se busca procesar a los exdirigentes y a otras tres personas pendientes de captura: sedición, asociación ilícita, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción de justicia.

«Muchas personas se vieron afectadas en el acceso a la justicia acá en el edificio Gerona, por ejemplo», destacó Jiménez al asegurar que instituciones que convergen en la sede central del MP como el Organismo Judicial (OJ), Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), incluso un jugado de femicidio, se vieron afectados por los bloqueos.

Aunado a eso, consideró que los sindicados que no pudieron firmar en la sede del MP su asistencia, según lo dictaban sus medidas sustitutivas, «incurrieron en gastos extraprocesales», para contratar abogadas y explicar su situación ante juez.

Es de destacar que dentro de estos sindicados figuran exfuncionarios vinculados a casos de corrupción que se vieron beneficiados en los últimos años con la imposición de medidas sustitutivas.

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A criterio de Pineda, durante las protestas hubo «varias burbujas de derecho», de los cuales todos «tienen que coexistir».

Posterior a esto, no se explicó más sobre la denuncia que generó el caso y los hechos por los cuales se individualizó a los 5 señalados y por el cual se pedirá el derecho de antejuicio de Edgar Tuy, gobernador de Sololá.

PROCESO INCIERTO

Desde que Luis Pacheco y Héctor Chaclán fueron llevados a la Torre de Tribunales aún se desconoce quién será el encargado de llevar la audiencia de primera declaración, pues aunque el caso se encuentra en manos del Juzgado Cuarto Penal, derivado de la hora en la que estos fueron trasladados y lo tardado del proceso de consignación se espera que en las próximas horas sea el Juzgado de Turno quien les dé a conocer los motivos de su detención.

Lo que también queda pendiente por conocer si será el juzgado de turno quien también hará la audiencia de primera declaración o si el expediente pasa a manos del juzgado que emitió las órdenes de captura y allanamiento y si finalmente la reserva del caso queda levantada.