Acusan a hondureño de captar casi US$1 millón con falsas inversiones en criptomonedas: así operaba el presunto fraude
La promesa de altos rendimientos con inversiones en monedas digitales terminó en una denuncia por presunta estafa en El Salvador. Las autoridades sostienen que una víctima entregó casi US$1 millón y luego recibió amenazas cuando pidió recuperar su dinero.
Denis Esteban Gutiérrez Castellón, de nacionalidad hondureña, y Valeria Lisette Aragón Rivas fueron acusados el 26 de junio por la Fiscalía General de la República de El Salvador de los delitos de estafa, amenazas y captación ilegal de fondos mediante una falsa inversión digital por US$350 mil.
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra ambos sospechosos en agravio de una víctima y del orden socioeconómico.
Las autoridades salvadoreñas informaron que los procesados no estaban autorizados como proveedores de servicios de activos digitales.
Según la judicatura, el hondureño, junto con Aragón, utilizó una empresa fantasma, aparentemente dedicada a captar, por medio de redes sociales, a personas para que invirtieran en monedas digitales con la promesa de generar ganancias, para lo cual utilizaron documentación fraudulenta.
La investigación detalló que la víctima fue persuadida de invertir US$976 mil 920.02 entre marzo del 2024 y septiembre del 2025 con la promesa de obtener altos rendimientos económicos.
La Fiscalía explicó que, cuando la víctima solicitó el pago prometido en enero del 2026, los imputados se negaron y respondieron con amenazas de muerte si acudía a las autoridades.
#JusticiaSV ⚖️| Detención provisional para hondureño acusado de estafar $350,000 mediante falsas inversiones digitales
— Centros Judiciales El Salvador (@JuzgadosSV) June 30, 2026
—El requerimiento establece que los procesados no estaban autorizados por las entidades regulatorias como proveedores de servicios de activos digitales.
El… pic.twitter.com/8iJuPADiPT
El requerimiento fiscal indica que, preliminarmente, el perjuicio patrimonial asciende a US$350 mil, mientras que la captación ilegal de fondos y las amenazas continúan de manera continuada.
El juez dictó prisión provisional al determinar la existencia del ilícito y la probable participación del imputado tras la presentación de los indicios. Además, señaló el riesgo de fuga y de obstaculización de la justicia.
La situación legal de Aragón aún está pendiente de resolverse en el juzgado debido a su ausencia.