Los 48 Cantones de Totonicapán publicaron este jueves 10 de abril un comunicado para expresar su “profunda preocupación y rechazo firme y categórico ante la resolución SAT-DSI-393-2025, mediante la cual se impone, a partir del 17 de marzo de 2025, que el Documento Personal de Identificación -DPI- se convierta automáticamente en el Número de Identificación Tributaria -NIT-, sin necesidad de trámite adicional”.

Según los Cantones, esta medida fue adoptada sin ningún tipo de información o consulta previa a los pueblos indígenas y sectores directamente afectados, lo cual representa “una grave vulneración” a sus derechos y lo que establece la Constitución Política.

Reiteraron: “rechazamos rotundamente esta forma de imposición unilateral, que desconoce nuestras formas de organización y los mecanismos de participación legítima de los pueblos originarios”.

En el comunicado exigieron la suspensión de la resolución SAT-DSI-393-2025 y que se efectúe un proceso de consulta adecuado con las comunidades “afectadas”.

Pidieron el establecimiento de una mesa de diálogo con participación directa de las autoridades indígenas, organizaciones sociales y económicas legítimas.

Además, exigieron respeto a los principios de legalidad, participación y pertinencia cultural en toda política pública y acuerdos gubernativos o institucionales que impacte directamente a la población indígena.

Selección del nuevo superintendente

Los 48 Cantones de Totonicapán también exigieron al Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) que garantice que el proceso de selección del nuevo superintendente sea transparente, legítimo, independiente y apegado a los más altos estándares de responsabilidad institucional, y que no responda a intereses políticos, económicos, ni personales.

Añadieron que la persona que ocupe el cargo tiene que cumplir con criterios estrictos de honorabilidad, legitimidad, idoneidad y solvencia ética, además de contar con una trayectoria profesional sólida, experiencia técnica comprobada y formación académica relevante.

También mencionaron que las políticas económicas y arancelarias publicadas recientemente por el Gobierno de Estados Unidos y el informe publicado por el representante comercial de ese país debe llamar a la reflexión a quienes toman las decisiones.

Indicaron que el informe contiene datos sobre las barreras aduaneras y facilitación del comercio, “evidenciando un gran proceso de corrupción en las aduanas de Guatemala y quienes se encargan de inspeccionar los productos que ingresan a nuestro país”.

Se pronuncian por los aranceles

Según los 48 Cantones, “estos factores han contribuido a las nuevas medidas arancelarias impuestas recientemente y es de suma preocupación, ya que puede representar un aumento del valor de los productos que ingresan a Guatemala y con ello dañar aún más el precio de la canasta básica, los medicamentos y los bolsillos de los guatemaltecos”.

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Señalaron que “la ineficiencia en los procesos portuarios, que se encuentran al borde del colapso, ha generado un grave incremento en los costos de los productos de importación, afectando directamente a la economía de la población guatemalteca, especialmente a las familias con mayor vulnerabilidad”.

“Sumado a ello, la corrupción en los puertos y en la SAT ha contribuido para que los Estados Unidos de Norteamérica imponga al país nuevas medidas arancelarias”, según dicen los 48 Cantones.

Piden acciones del Gobierno

Le exigieron al gobierno de Guatemala que “actúe con urgencia, transparencia y determinación para resolver la crisis portuaria, implementando medidas efectivas que garanticen la eficiencia en el comercio exterior, combatan la corrupción y protejan la economía de las familias guatemaltecas”.

Hicieron un llamado a las demás autoridades, organizaciones sociales y ciudadanía en general, a permanecer vigilantes ante los procesos institucionales que “afectan directamente” al país.