Víctimas de Panzós en la memoria

Víctimas de Panzós en la memoria

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29/05/2026 07:56
La Hora
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Resumen Inteligente

En Guatemala el 29 de mayo de 1978 en el municipio de Panzós, departamento de Izabal, ocurrió una de las masacres más sangrientas e impunes contra pobladores indígenas de la etnia Q`eqchi`, que ese día se reunieron en la plaza del pueblo para protestar contra la compañía minera canadiense Exmibal por el robo de sus […]
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En Guatemala el 29 de mayo de 1978 en el municipio de Panzós, departamento de Izabal, ocurrió una de las masacres más sangrientas e impunes contra pobladores indígenas de la etnia Q`eqchi`, que ese día se reunieron en la plaza del pueblo para protestar contra la compañía minera canadiense Exmibal por el robo de sus tierras ancestrales, corrupción de autoridades y represión del aparato de seguridad de la dictadura militar del general Kjell Eugenio Laugerud García.

Los autores intelectuales y materiales de aquella matanza, fueron elementos del ejército nacional y terratenientes de la región que actuaron para respaldar a la gigante minera canadiense INCO International Nickel Company y su subsidiaria EXMIBAL propietarios de la mina FÉNIX. Esta empresa financió y proporcionó apoyo logístico a militares y terratenientes para reprimir a los campesinos indígenas. El saldo de esa masacre superó las 140 personas ejecutadas, mujeres, hombres y niños. Entre los personajes emblemáticos de aquel funesto 28 de mayo de 1978, se recuerda a la dirigente campesina Mamá Maquín, quien junto a los demás fue impunemente ejecutada.

En aquel tiempo, el ejército aplicó la práctica de tierra arrasada, siendo la masacre de Panzós la primera de su especie que se cometió a gran escala. La antesala de la masacre. Sobrevivientes de ese hecho recuerdan que el 26 de mayo de ese año, hombres armados que se desplazaban en automóviles particulares y en un camión propiedad de la empresa INCO, dispararon contra pobladores de la aldea Chichipate, ubicada a diez kilómetros de la planta minera. Resultado de esa acción dos aldeanos resultaron heridos, José Ché Pop y Miguel Sub. Tres días después ocurrió la masiva masacre en Panzós.

La pesadilla corre y va de nuevo. Represión y tierra arrasada continuaron por meses y años siguientes en los sucesivos Gobiernos hasta los presentes días, además se extendieron a otros municipios como El Estor y comunidades próximas a la minera canadiense.

Para acallar las protestas sociales de pobladores Q`eqchì` contra actividades mineras y ahora también con la extensión de la frontera agrícola por el cultivo de palma africana, se revalida la corrupción de autoridades civiles, judiciales y militares y con ello vuelven las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas e involuntarias, detenciones arbitrarias e ilegales, persecución y criminalización de dirigentes campesinos e indígenas.

Y para ajuste de males, después de las masacres y la represión en Panzós y El Estor cuyas cicatrices siguen frescas, de la corrupción de los rusos con el caso Giammattei y la alfombra mágica, ahora de nuevo contrario a la voluntad e intereses de pobladores indígenas y campesinos, otra vez se autoriza las operaciones extractivas de la mina Fénix situada en El Estor.

El 19 de mayo del presente año, se supo que el actual Gobierno otorgó luz verde a la empresa de capital suizo Solway Investment Group y su filial estadounidense Fenix Nickel Company para reabrir operaciones de la citada mina en El Estor, una cuestionada decisión que en el pasado reciente fue foco de conflictividad de alta intensidad y que es previsible vuelva a encender la mecha y las confrontaciones oscurezcan la armonía y paz social.

48 años después de la masacre de Panzós cuyos actores siguen impunes y para preservar la memoria histórica, recuerdo a indígenas y campesinos Q`eqchi` víctimas de intolerancia, prepotencia y abuso de poder de empresarios transnacionales, de latifundistas locales, de autoridades militares y civiles responsables de esa matanza de seres humanos.

Reitero deseos para asegurar la garantía de no repetición y respeto absoluto a las libertades y derechos humanos de poblaciones y familias afectadas.

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