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Unión Europea sanciona a Ricardo Méndez Ruiz, Raúl Falla Ovalle y al juez Jimi Bremer
Consejo de la Unión Europea señala a los aludidos de “debilitar la democracia y el Estado de derecho”. Medidas incluyen congelación de activos y restricciones de viaje.
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La Unión Europea sancionó a tres guatemaltecos y a la Fundación contra el Terrorismo por acciones que, según su evaluación, debilitan la democracia y el Estado de derecho. Las medidas incluyen congelación de activos y restricciones de viaje.
El Consejo de la Unión Europea impuso este 12 de junio medidas restrictivas contra tres ciudadanos guatemaltecos y una organización, a quienes atribuye acciones dirigidas a debilitar la democracia y el Estado de derecho.
Las sanciones alcanzan al juez penal Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, al presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, y a su representante legal, Raúl Falla Ovalle.
De acuerdo con el comunicado oficial, Bremer es señalado por emitir órdenes de captura y autorizar investigaciones que, según el organismo, se basan en acusaciones sin sustento, además de permitir retrasos procesales en casos contra periodistas y exoperadores de justicia.
Los expedientes mencionados incluyen los de José Rubén Zamora, Stuardo Campo, Eduardo Pantaleón y Claudia González.
En cuanto a la Fundación contra el Terrorismo, la UE la incorpora a la lista de entidades sancionadas por promover acciones legales dirigidas contra periodistas, jueces, fiscales y representantes del actual gobierno.
Según el Consejo, la organización ha promovido múltiples denuncias penales con motivación política y ha participado en campañas de intimidación contra integrantes del sistema judicial y de la sociedad civil.
Las medidas incluyen congelación de activos en territorio europeo, prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o entidades de la UE y restricciones de viaje. Con esta decisión, el número de personas sancionadas en el marco del régimen adoptado en enero de 2024 asciende a ocho, junto a una entidad.
La delegación europea reiteró que las sanciones no se aplican al Estado guatemalteco ni a su economía, sino exclusivamente a individuos y entidades involucradas en actos contrarios a los principios democráticos.