En Guatemala ya se volvió costumbre aprobar cada año un Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado de la República de Guatemala cada vez más grande, pero también cada vez más improductivo. Este año no fue la excepción. El Congreso aprobó un presupuesto bastante elevado de Q148,526 millones (decreto 36-2024), y aun así, ya se han sumado ocho ampliaciones que elevan la cifra a Q154,837 millones (Q6,311 millones adicionales). El presupuesto se aprobó sin mayor discusión, a altas horas de la noche, sin transparencia y con una serie de artículos que incluyen ampliaciones presupuestarias preaprobadas. Hasta la Corte de Constitucionalidad, por medio de una inconstitucionalidad, decretó la suspensión provisional de cuatro artículos. Al final, hay mucho dinero, pero pocas respuestas a las verdaderas prioridades de los guatemaltecos.

Si solo se tratara del tamaño del presupuesto, todavía habría manera de corregir el rumbo. Pero lo más preocupante es la forma en que se están utilizando los recursos. El informe más reciente del Cien sobre la ejecución del primer semestre es claro: En inversión física se ejecutó apenas el 18.57%, Q1,312.1 millones. En contraste, la ejecución del gasto de funcionamiento —salarios, servicios, y transferencias corrientes— fue del 43.60 %, de Q43,037.8 millones para sostener una burocracia estatal cada vez más extensa e ineficiente.

El Cien señala que 13 de las 17 instituciones más relevantes del Ejecutivo ejecutaron por debajo de sus promedios históricos de los últimos cinco gobiernos. Agricultura, Cultura, Comunicaciones; todas ejecutaron menos del 30 % en el primer semestre de 2025. En comunidades que esperan con urgencia programas de desarrollo, lo que llegan son promesas vacías. Claramente, es un Estado que no avanza, que se pierde entre trámites y olvida su razón de ser: servir a los guatemaltecos.

En resumen, a junio de 2025 se ejecutó el 40.39 % del gasto total vigente. La ejecución de los gastos de inversión y de los servicios de la deuda pública fue inferior a la ejecución promedio de los cinco gobiernos anteriores, mientras que la ejecución de los gastos de funcionamiento fue superior al promedio de los últimos cinco gobiernos. La maquinaria pública sigue gastando, pero sin dirección ni prioridades claras. Se aprueban ampliaciones sin análisis, se asignan fondos sin evaluación técnica, y el resultado es una burocracia que administra dinero, pero no construye futuro.

Todo esto ocurre mientras el país enfrenta necesidades urgentes: desnutrición crónica, rezago educativo, inseguridad creciente, justicia ausente y un mercado laboral que no logra absorber a quienes buscan una oportunidad. La inversión pública, en teoría, debería ser una herramienta para atender estas necesidades. Pero si los recursos no llegan a donde más se necesitan, el esfuerzo pierde sentido. Lo más preocupante es que esta historia se repite año con año, como si ningún gobierno aprendiera la lección.

El Cien ha sido claro en sus propuestas y propone tres acciones concretas. Primero, eliminar las ampliaciones “preaprobadas” en futuros presupuestos para garantizar transparencia y control. Segundo, cumplir con la promesa de priorizar la inversión pública, con un plan nacional de infraestructura bien diseñado y financiado, con visión de largo plazo. Y tercero, crear un espacio técnico con un sólido respaldo político que aborde de raíz los problemas estructurales del sistema presupuestario.

Guatemala, más que un presupuesto grande, necesita uno funcional, que tome en cuenta las prioridades, se ejecute con enfoque, que llegue a donde debe se necesita, y que demuestre que el gasto público puede ser un verdadero instrumento de desarrollo. Es urgente alertar, en el debate público, de los aspectos claves del presupuesto.