La fiscalía general, al mando de Consuelo Porras, criminaliza los derechos constitucionales de los pueblos originarios a la manifestación y la libre emisión del pensamiento. El miércoles pasado, con un desproporcionado despliegue de fuerzas, el Ministerio Público (MP) capturó de forma arbitraria a Luis Pacheco, viceministro de Desarrollo Sostenible y expresidente de los 48 cantones de Totonicapán, así como a Héctor Manuel Chaclán, extesorero de la organización indígena. Además, fueron trasladados a la Torre de Tribunales en una panel blanca, sin ninguna identificación oficial, lo que recuerda los tiempos aciagos del conflicto armado interno. Esta es una represalia por las movilizaciones pacíficas realizadas en el 2023 en defensa de la democracia y del voto ciudadano, así como la exigencia de la renuncia de la fiscal general.

Porras mantiene este caso en reserva porque se trata de otro caso fabricado y sus evidencias no resisten el más mínimo análisis probatorio. A los capturados se les señala de asociación ilícita, sedición, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstaculización de la justicia. Para tratar de encubrir este disparate, el MP dice que no es una acción contra algún grupo, sino que los delitos fueron individualizados. Pacheco y Chaclán no manifestaban en forma individual, sino que eran miembros de la junta directiva de los 48 cantones de Totonicapán, o sea ellos fueron electos por la asamblea general de ese movimiento. Eso significa que esta acción es una venganza contra una expresión genuina de los pueblos originarios que se han resistido a los embates del pacto de corruptos, del cual Porras es una de sus principales exponentes.

En el 2023, la jefa del MP se convirtió en el principal ariete de la ultraderecha que quería evitar a toda costa que Bernardo Arévalo tomara posesión de la Presidencia. Los 48 cantones de Totonicapán desarrollaron movilizaciones en la capital y el occidente del país en rechazo al golpe de Estado que pretendían dar Alejandro Giammattei y sus aliados. A eso ahora le llaman sedición, que, según el Código Penal, la cometen quienes impulsan acciones por la fuerza o violencia para deponer o impedir a funcionarios que tomen posesión de sus cargos. El delito de terrorismo se refiere a la alteración del orden constitucional por medio de la violencia o que se atente contra la vida o integridad humana, propiedad o infraestructura. Además, el delito de terrorismo se considera una amenaza grave contra el orden internacional y puede ser tratado con criterios similares a los delitos de lesa humanidad. ¿En qué cabeza desquiciada cabe calificar de terrorismo una protesta pacífica, ampliamente documentada y amparada por derechos constitucionales?

Los 48 cantones de Totonicapán manifestaron durante el 2023 haciendo uso de sus derechos legítimos. El artículo 33 constitucional reconoce el derecho de reunión y manifestación pacífica, que no puede ser restringido, disminuido o coartado. El artículo 35 constitucional garantiza el derecho a la libre emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin censura ni licencia previa, y no puede ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. El artículo 45 se refiere al derecho a la legítima resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías constitucionales cuando estos están siendo violados. En todo caso, lo que está en juego es el choque entre una acusación sin sustento y el ejercicio pleno de derechos constitucionales: la manifestación, la libre expresión y la legítima resistencia. Resolver este conflicto exige ponderar no solo las normas jurídicas, sino también el espíritu democrático que debería prevalecer en el país. Criminalizar la protesta indígena es negar la esencia misma del Estado de derecho y es una nefasta expresión de racismo.