Para nadie es un secreto que en el actual Congreso existen diputados provenientes de partidos extintos por financiamiento ilícito, nexos con el narco o con exconvictos por lavado de activos. Se ven incluso expresidenciables y expresidentes confesos de tal delito que a la fecha siguen regodeándose de su demagogia y con claros vínculos de afinidad o parentesco con bancadas bisagra lubricadas con el aceite de las conveniencias populistas del oportunismo. También hay bancadas, grandes y pequeñas, que en lugar de fortalecer los controles financieros partidarios, buscan debilitar la ya de por sí limitada capacidad del Tribunal Supremo Electoral para exigir cuentas sobre el origen del dinero de financistas.

Basta ver tan conocidos antecedentes para suponer el porqué de la resistencia pasiva a aprobar sin dilación la iniciativa 6593, “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento al Terrorismo”, la cual fortalece y actualiza las herramientas y controles para poder atacar a grupos criminales, mafias de corrupción y organizaciones terroristas —ahora incluidas las pandillas—, justo donde más les duele: en su dinero malhabido.

Hace casi un cuarto de siglo que se aprobó la primera ley contra lavado y dos décadas de la norma de combate a grupos terroristas. Es necesario modernizarlas, porque han aumentado las modalidades de uso de capitales ilícitos y Guatemala es uno de los países rezagados en esa materia. Prueba de ello es el riesgo de que, si el Congreso no avala las reformas integrales del 6593 o las trastoca en favor de oscuras parcialidades, el país podría fracasar en la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y ser colocado en una nefasta lista gris, que golpearía a toda la economía y la competitividad nacional.

Cabe cuestionar cómo para perjudicar el erario al autorrecetarse un aumento salarial ilícito, inconsulto y abusivo sí se apresuró el Congreso. Entre la escasa y muy deficiente producción legislativa de este año se han avalado auténticos bodrios que luego precisan de correcciones e incluso de veto. Por un mínimo de decencia y fidelidad a las prioridades nacionales, el Legislativo debería aprobar sin más dilación, este mismo año, las reformas antilavado. De lo contrario, solo empezaría a confirmar las sospechas de conflictos de interés y propósitos de favorecer a oscuros patrocinadores.

La revisión del Gafilat se prevé para el 2027; sin embargo, para entonces las reformas ya deben estar debidamente reglamentadas e implementadas, lo cual toma tiempo. ¿Qué guatemalteco decente podría oponerse a la depuración de dineros sucios provenientes del contrabando, trasiego de drogas, trata de personas, extorsiones, negocios de fachada o amaños corruptos? ¿Qué diputado con coherencia entre discurso y acción podría obstaculizar, por obra u omisión, el debido fortalecimiento de la guerra al efectivo criminal? ¿Qué partido o secretario general tendría interés en darle continuidad a la savia que alimenta la mandrágora del delito?

Aquellos diputados que suelen invocar a Dios en sus redes sociales y en sus discursos, seguramente están de acuerdo en que el dinero proveniente de actos ilícitos está manchado de sangre y pecado: deberían propiciar la discusión de la ley 6593 y aprobarla. Lo mismo cabe decir de todos los congresistas que incluso promocionaron y se felicitaron por haber votado a favor de la norma que declaró terroristas a las pandillas: deben apoyar la reforma que les resta financiamiento a esos grupos de terror.