Una reunión de quienes dirigen las distintas universidades del país vino a marcar el inicio del proceso de elección del nuevo Contralor General de Cuentas de la Nación, partiendo del hecho de que la postuladora para ese cargo será presidida por quien sea designado por todos los rectores. La entidad responsable de la fiscalización y control del gasto público, pieza que debiera ser clave para combatir la corrupción, ha sido literalmente anulada casi desde sus orígenes aunque, por supuesto, la cosa también empeoró estrepitosamente cuando se vino la operación de las mafias para garantizar no solo la facilidad de hacer negocios sucios, sino además la impunidad.

No obstante, hemos visto en varias ocasiones, decisiones aguerridas en algunos aspectos y auditorías importantes que han limitado burdos y descarados negocios, lo que demuestra que cuando hay voluntad se puede y que para hacer esto la norma, que opere de manera sostenible, reforzar la Contraloría se vuelve fundamental.

Sostenemos que dentro de un esfuerzo que debe promover la ciudadanía para enderezar el rumbo del país mediante un combate frontal a la corrupción y a la impunidad, el tema de la Contraloría adquiere un especial interés, sobre todo cuando vemos cómo una persona que está desempeñando un cargo público se reelige y manda por un tubo la obligación legal de disponer de un finiquito. De hecho, el finiquito no ha sido en Guatemala prueba de transparencia porque ya sabemos cómo se mueven los operadores de esos grupos de poder que pululan tanto en el sector público como en otras instancias de la sociedad.

Pero el hecho de que la Universidad de San Carlos haya tenido que realizar un informe ilegal para ignorar la obligación del finiquito viene a demostrar cuán importante puede llegar a ser que en la utilización de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado exista fiscalización para impedir no solo el derroche sino que los largos se embolsen millones.

Y es en ese contexto en el que se deberá proceder a la postulación de los contadores y auditores públicos para que el Congreso, nuestro flamante legislativo, haga la elección de quién deberá desempeñar el cargo por cuatro años. Y al comparar a la Contraloría con el Ministerio Público en lo relacionado con el combate a la corrupción debemos entender que los criterios de los diputados seguramente serán muy distintos a los que usó la Presidencia actual para designar al nuevo Fiscal General.

El interés por la fiscalización y el control de las operaciones financieras que hagan las entidades del Estado no es algo que quite el sueño a nuestros políticos, porque muchos de ellos operan precisamente para sacarle raja a las debilidades institucionales que a lo largo de los años se han ido consolidando. Pero si nos debe quitar el sueño a los ciudadanos porque vemos el abandono de las obligaciones estatales, tan marcadas como para expulsar del país a tres millones de guatemaltecos que, ante la falta de oportunidades, emigraron y ahora viven un verdadero calvario en el Norte.