A los guatemaltecos no nos gusta que se hable mal de nuestra querida Guatemala. Pero hay ocasiones en que no nos queda más remedio que tolerar la crítica porque, como país, damos motivos para que se nos critique. Y no solo cuando nos visita un equipo de futbol, como sucedió con la selección de los hermanos panameños, que fueron intimidados y agredidos verbalmente al llegar al hotel en que pernoctaron. Así como la mayoría de los chapines sabemos que esa no es la forma de comportarse, algo parecido sucede con algunos connacionales que han venido socavando la independencia judicial hasta provocar la crisis que atraviesa el sistema de justicia de Guatemala, según el informe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este lunes.

Históricamente, el sistema de justicia guatemalteco ha evidenciado debilidades, al mismo tiempo que la contaminación de diversas instancias gubernamentales por parte de intereses creados, tanto políticos como económicos, por la criminalidad organizada nacional y transnacional, así como por los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos resabio del enfrentamiento armado interno, llevaron a que fuéramos objeto de un experimento inédito a nivel mundial (solicitado a Naciones Unidas por el gobierno del presidente Berger), llamado Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que con sus luces y sombras significó un parteaguas en la historia judicial del país.

El informe de la CIDH resulta valioso porque agrupa en un solo documento una serie de apreciaciones y realidades que conocemos y vivimos cotidianamente, pero que nos las enfatiza una entidad internacional especializada e independiente, dirigida por los comisionados José Luis Caballeros, Andrea Pochak, Arif Bulkam, Roberta Clarke, Carlos Pulido, Gloria de Mees, y el guatemalteco Edgar Stuardo Ralón Orellana.

La CIDH identifica la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) como uno de los factores que profundizaron el deterioro del Estado de derecho en el país; y, a partir de ese momento una serie de acciones y decisiones revirtieron los avances logrados en materia de lucha contra la impunidad y la corrupción, señalando que la institucionalidad democrática y el sistema de pesos y contrapesos se han visto progresivamente debilitados.

La CIDH identificó patrones que constatan la instrumentalización del sistema de justicia para la criminalización de personas operadoras de justicia, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, liderazgos indígenas, sociales y políticos. También se advirtieron irregularidades en los procesos de selección y nombramiento de altas autoridades judiciales, la concentración de funciones administrativas en la Corte Suprema de Justicia de la carrera judicial y la falta de garantías de independencia de la Corte de Constitucionalidad, evidenciada en decisiones ampliamente cuestionadas por favorecer intereses particulares.

En su informe de 400 páginas, la CIDH formula un conjunto de recomendaciones al Estado y, en particular, reafirma la urgencia de avanzar en reformas estructurales del sistema de justicia que garanticen la independencia judicial, establezcan procesos de selección y nombramiento conforme a estándares internacionales de mérito, objetividad y transparencia, así como mecanismos para la rendición de cuentas frente al uso arbitrario del derecho penal y la criminalización generalizada.

En todo caso, el uso arbitrario de la justicia penal es intolerable, por lo que no debiéramos echar en saco roto lo que nos señala y recomienda la CIDH.