En los próximos días, el mandatario Bernardo Arévalo De León deberá decidir sobre la fijación del salario mínimo por medio de un acuerdo presidencial, debido a la falta de consensos entre los sectores empleadores y trabajadores en la Comisión Nacional del Salario (CNS).

La discusión del salario mínimo se encuentra en su etapa final, ya que cobrará vigencia el 1 de enero del 2026.

Por medio de un comunicado de prensa, divulgado este sábado, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) informó que el viernes 5 de diciembre se sostuvo una reunión con el gobernante y otras autoridades del Ejecutivo, en la cual se presentó una propuesta para impulsar una política salarial moderna, tripartita y basada en productividad.

El comunicado no detalla qué sectores representaron al sector privado en el encuentro con el presidente.

“El sector privado informa que el día de ayer (viernes 5 de diciembre) presentó al presidente de la República una propuesta para impulsar, a través de un proceso tripartito, una política salarial moderna orientada a reducir la informalidad, ampliar la cobertura social y generar nuevas oportunidades de empleo formal para los guatemaltecos que cada año ingresan al mercado laboral”, detalla el comunicado.

El boletín reitera que “durante la reunión, los representantes del sector productivo señalaron que Guatemala necesita avanzar hacia un esquema salarial técnico, predecible y sostenible, que permita mejorar el ingreso de los trabajadores sin afectar la competitividad ni la capacidad de las empresas para generar empleo formal”.

Apuestan por salario técnico, formalización y certeza

El comunicado señala que la propuesta presentada al mandatario y a las autoridades del Ministerio de Trabajo articula tres ejes importantes:

• Reducir la informalidad y ampliar la seguridad social. La informalidad en Guatemala, superior al 70%, limita el acceso de millones de guatemaltecos a prestaciones y protección social. Una política salarial moderna debe priorizar la formalización laboral y fortalecer la base contributiva del país.
• Establecer una política salarial basada en productividad y criterios técnicos. El sector privado reiteró la importancia de que, en el marco del proceso tripartito, se tome en cuenta la metodología técnica presentada ante la Comisión Nacional del Salario y en las mesas paritarias como base para construir una política salarial responsable y alineada con la realidad económica de cada actividad productiva.
• Construir una política plurianual que brinde certeza y fomente la creación de empleo. Una política salarial predecible facilita la inversión, fomenta la expansión empresarial y el crecimiento de la productividad, elementos clave para impulsar el empleo formal, en un contexto donde persisten desafíos como los altos costos logísticos derivados del deterioro de la red vial y la congestión en los puertos.

El comunicado agrega que “el sector privado reiteró su disposición a trabajar juntamente con el Gobierno y los trabajadores para construir una política salarial moderna, técnica y orientada al empleo formal, que mejore las oportunidades económicas y el bienestar para todas las familias guatemaltecas”.

Presidente decidirá salario mínimo

El proceso para la fijación del salario mínimo comprende varios pasos que concluyen con su publicación en el Diario de Centro América, y se establecen los pliegos para las circunscripciones económicas (CE).

Al no lograrse acuerdos ni en las comisiones paritarias ni en la Comisión Nacional del Salario (CNS), se elabora un informe y se recaba información de la Junta Monetaria (JM) y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), que luego se traslada a la Presidencia.

Cuando el procedimiento finaliza sin consenso, el Ejecutivo debe fijar los salarios mínimos para las actividades económicas del año siguiente.

De acuerdo con el procedimiento legal, pueden llevarse a cabo consultas que el Ejecutivo considere pertinentes, las cuales incluyen los informes de la JM y del IGSS, así como las explicaciones presentadas por cada una de las comisiones paritarias. No obstante, al no haber acuerdo, el mandatario puede escuchar a organizaciones de empleadores y trabajadores, con el objetivo de ampliar su perspectiva con información y posturas adicionales.