El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el miércoles 29 de julio un informe de la consulta del Artículo IV para Guatemala, luego de la misión efectuada a finales de mayo y principios de junio.

El documento expone una evaluación de los diferentes indicadores macroeconómicos y ofrece una lectura de cómo el organismo financiero internacional, con sede en Washington, D. C., observa a Guatemala. El jefe de misión, Alex Culiuc, presentó el informe, que fue aprobado por el Directorio Ejecutivo.

De entrada, el documento enfatiza que no existen riesgos agudos o significativos ni cuestiones de política general que requieran debate por parte del Directorio; además, es improbable que las políticas o circunstancias tengan un impacto regional o mundial significativo a corto plazo, y el uso de los recursos del Fondo no está en discusión ni se prevé.

FMI pide subsidios sociales focalizados

La publicación del informe del FMI coincidió con el momento en que el Congreso de la República conocería una propuesta de subsidio de Q12 por galón de diésel y de Q3 por galón de gasolina regular, luego de una semana de protestas por el alza de los combustibles en el mercado local.

El FMI señala que “las redes de protección social mejor focalizadas mejorarían la capacidad de respuesta ante crisis”.

“Ante la falta de capacidad para evaluar los recursos económicos de forma fiable, un subsidio universal a los combustibles, temporal y controlado puede ayudar a aliviar la carga social de la crisis del petróleo. Sin embargo, dado que los subsidios universales son regresivos y debilitan las señales de precios, ampliar la cobertura y la calidad del registro social sería fundamental para permitir respuestas más específicas en el futuro”.

La propuesta de subsidio será conocida por los diputados en los próximos días, por lo que podrían introducirse modificaciones.

Persisten retos para crecer

En el apartado de novedades recientes y perspectivas, el informe señala que, para Guatemala, una gestión macroeconómica prudente ha sido fundamental para fortalecer la resiliencia. Asimismo, recalca que sus sólidos fundamentos, como una inflación baja y estable, reservas fiscales y externas robustas y superávits en cuenta corriente, la colocan en una posición favorable para afrontar la persistente incertidumbre.

Sin embargo, advierte que el potencial de crecimiento se ve limitado por la deficiente infraestructura pública y que los indicadores sociales siguen siendo débiles. Si bien las remesas impulsan el consumo, también complican la política monetaria y ejercen presión sobre la competitividad.

FMI confirma buen desempeño económico

Sobre la evaluación final, el FMI señala que el sólido crecimiento se ha mantenido en el 2026, con una actividad económica que se expandió un 4.5% interanual hasta abril.

Impulsada por el aumento de los precios del petróleo, la inflación general se elevó al 2.9% interanual en mayo, frente al 1.7% registrado al cierre de 2025. Los subsidios a los combustibles limitaron la transmisión de ese incremento. La inflación subyacente y las expectativas inflacionarias permanecen bien ancladas.

El déficit fiscal del 2025 se amplió al 1.9% del PIB, impulsado principalmente por el gasto de capital, a pesar de su modesta ejecución, y por las mejoras en la administración tributaria. La deuda pública se mantiene baja y sostenible (27% del PIB). La posición externa se fortaleció aún más, ya que el superávit en cuenta corriente alcanzó el 4.7% del PIB en el 2025, impulsado por un récord de remesas equivalente al 21% del PIB.

El informe remarca que las perspectivas son, en general, favorables, con riesgos equilibrados. Tras la caída de los precios del petróleo, se prevé que el crecimiento económico en 2026 se modere al 3.8%, antes de repuntar al 4% en el mediano plazo, impulsado por la rentabilidad de la inversión pública y las reformas estructurales.

Se espera que la inflación se mantenga dentro del objetivo de la política monetaria. Asimismo, se prevé que el superávit en cuenta corriente se reduzca debido al estancamiento de las remesas y al repunte de la inversión privada.

Tanto los riesgos externos como los internos están, en general, equilibrados, aunque el fenómeno de El Niño plantea riesgos considerables para las perspectivas a corto plazo.

FMI pide más infraestructura pública

En el apartado sobre el incremento del potencial de crecimiento a mediano plazo, el FMI señala que se requiere una implementación decidida de políticas.

Las principales áreas de enfoque son:

• Aumentar la inversión en infraestructura pública.
• Mejorar la gestión financiera pública y aumentar los ingresos.
• Reforzar los marcos monetarios y financieros.
• Promover la integridad financiera, la gobernanza y las reformas estructurales.

Según el FMI, una mayor inversión pública reduciría el superávit en cuenta corriente e impulsaría la productividad y la competitividad, lo que favorecería el reequilibrio externo y disminuiría la dependencia de las remesas.

La estrategia integral de infraestructura de las autoridades es bienvenida; sin embargo, se requiere avanzar con rapidez para:

• Reducir los obstáculos y mejorar la preparación y ejecución de proyectos, incluso mediante la implementación de las recomendaciones de la Evaluación de la Gestión de Infraestructura Pública (PIMA).
• Simplificar la contratación pública para reducir la burocracia y, al mismo tiempo, garantizar la transparencia.
• Resolver el estancamiento en la puesta en marcha de la Ley de Infraestructura Prioritaria, sin agravar las rigideces presupuestarias.
• Movilizar una mayor participación del sector privado en la inversión en infraestructura.

La inversión pública descentralizada a través de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) debe ser más eficaz y estar sujeta a una supervisión y un control adecuados. Esto se logrará mediante la contención y optimización de las asignaciones extraordinarias.

La continuidad de los proyectos debe garantizarse mediante planes plurianuales y no por medio de la transferencia automática de fondos no ejecutados al año siguiente.

La selección de proyectos debe guiarse por una coordinación estratégica más sólida, incluso a nivel departamental. El FMI considera fundamental reforzar la capacidad de supervisión de la Contraloría General de Cuentas y de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia.

Urge consolidación fiscal

En el apartado sobre política fiscal y monetaria, la misión del FMI expone sus hallazgos y plantea una serie de recomendaciones.

A mediano plazo, según el informe final, debería iniciarse una consolidación fiscal favorable a la inversión, junto con mejoras en la calidad del gasto.

“El Marco Fiscal a Medio Plazo (MFMP) debería servir de base para la consolidación fiscal necesaria para reducir los déficits fiscales al 2% del PIB mediante reformas de la política tributaria, manteniendo un elevado gasto de capital y preservando el gasto social”.

Por otro lado, una mejor coordinación entre el Ministerio de Finanzas Públicas, los ministerios sectoriales y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) en materia de planes de desarrollo, asignaciones presupuestarias y objetivos plurianuales mejoraría la eficiencia, la focalización y la relación calidad-precio del gasto en programas de inversión y sociales.

“Los ingresos fiscales deben incrementarse aún más, aprovechando los recientes avances en la administración tributaria. Para que los ingresos superen el 12% del PIB, es necesario evitar medidas que sigan erosionando la base impositiva, limitar el arbitraje fiscal interno y transfronterizo, y emprender reformas tributarias integrales”, añade el informe.

Una planificación fiscal creíble a mediano plazo puede garantizar la previsibilidad de las finanzas públicas sin recurrir a costosas asignaciones de ingresos.

La revisión y simplificación de dichas asignaciones, junto con el fortalecimiento del Marco Fiscal a Mediano Plazo (MFMP) y la presupuestación plurianual, preservarían la previsibilidad del gasto prioritario, mejorarían la alineación del presupuesto con las prioridades nacionales y reducirían los costosos saldos de efectivo. Una nueva ley orgánica del presupuesto podría servir como instrumento para estas reformas.

Una mayor coordinación entre la tesorería y la gestión de la deuda es fundamental para mejorar la eficiencia del financiamiento y reducir los costos.

Una mayor dependencia del financiamiento interno, al tiempo que se desarrolla el mercado local de bonos, reduciría los riesgos cambiarios, profundizaría los mercados financieros nacionales, mejoraría la combinación de políticas macroeconómicas y disminuiría los costos de esterilización del Banco de Guatemala (Banguat).

Si bien la postura de la política monetaria es apropiada, la transmisión de esa política y la gestión de la liquidez podrían reforzarse.

“Las expectativas de inflación bien ancladas apuntan a una continua credibilidad de la política, mientras que los amplios colchones de reservas brindan a Banguat margen de maniobra para llevar a cabo una política monetaria menos dependiente de las decisiones de la Reserva Federal de EE. UU. Será importante mejorar la comunicación de los objetivos que sustentan la participación de Banguat en el mercado de divisas y la regla de acumulación de reservas internacionales”.

Las recientes reformas al marco operativo —que incluyen la reducción del corredor de política monetaria y la simplificación de los vencimientos de los depósitos a plazo— deberían complementarse con el fortalecimiento de la infraestructura de garantías, incluso mediante un depositario central de valores.

Respalda nueva ley antilavado

El FMI también formuló observaciones en materia regulatoria.

Señala que el fortalecimiento de la regulación y la supervisión reforzaría aún más la estabilidad financiera. Para ello, la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) mejoraría la transparencia y la comparabilidad, mientras que el fortalecimiento de la capacidad de supervisión, la reforma de la Ley de Bancos y Grupos Financieros de 2002 y la continuidad de las inversiones en ciberresiliencia contribuirían a preservar la resiliencia del sector financiero.

“Es fundamental agilizar la aprobación de una nueva ley de mercados secundarios. Esta ley ayudaría a movilizar el ahorro interno (reduciendo así los desequilibrios externos), fortalecería la transmisión de la política monetaria, impulsaría la competencia en el sector financiero y profundizaría los mercados financieros nacionales”, añade el informe.

Además, permitiría crear la infraestructura financiera necesaria para dar cabida a posibles flujos de capital si Guatemala alcanzara la calificación de grado de inversión. Una nueva ley de dinero electrónico proporcionaría la base regulatoria necesaria para el desarrollo de la tecnología financiera y ampliaría el acceso a los servicios financieros formales.

El FMI reconoce que la aprobación de la nueva ley contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) representa un paso importante para fortalecer la integridad financiera. Añade que una ley plenamente ajustada a las normas del GAFI, seguida de la pronta aprobación e implementación de sus reglamentos complementarios, debería posicionar favorablemente a Guatemala para la evaluación mutua del Gafilat en 2027.

Plantea agenda anticorrupción

Finalmente, el FMI señala que la agenda de gobernanza y reformas estructurales debe avanzar con celeridad.

Las iniciativas recientes, como la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, la adopción de un código de ética y la Estrategia de Integridad y Prevención de la Corrupción 2025-2032, deben complementarse con el impulso de la legislación pendiente sobre transparencia de la titularidad real, protección de denunciantes y contratación pública.

Paralelamente, la reducción de las barreras no arancelarias, en consonancia con los compromisos adquiridos en el acuerdo comercial con Estados Unidos, contribuiría a mejorar el entorno empresarial.

Guatemala debe impulsar las iniciativas existentes para diversificar geográfica y sectorialmente sus exportaciones, incluso mediante nuevos acuerdos comerciales.

Los esfuerzos para reducir la informalidad promoverían un crecimiento más inclusivo y sostenible.