La libre expresión es un bastión de la ciudadanía

La libertad de expresión es un derecho humano fundamental, universal, que a menudo parece una garantía que favorece más a los periodistas, cuando en realidad es una potestad permanente y también una responsabilidad de todo ciudadano. Es opinar, disentir, buscar respuestas, cuestionar las decisiones públicas y exigir mejoras en el desarrollo comunitario o nacional sin temor a represalias. Por supuesto, los periodistas se amparan en ella para tener la posibilidad de investigar y revelar hechos de interés público, contrastar la versión oficial y exponer información veraz que amplíe el panorama de la realidad local o nacional para la toma de decisiones.

La historia demuestra la imperiosa necesidad de voces críticas que reflejen de manera integral a los políticos, que descubran lo que autoridades no quieren que se sepa, que escudriñen datos para encontrar inconsistencias, contradicciones o tratos bajo la mesa que con frecuencia van en detrimento de la mayoría. Y es justo ahí donde periodistas, locutores, analistas e incluso comunicadores locales se convierten en blanco de invectivas, acoso, amenazas e incluso violencia.

En Guatemala se han sufrido este año los asesinatos de dos periodistas departamentales, Carlos Cal y Evelio López, en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, y Nentón, Huehuetenango, respectivamente, y del abogado y analista político Juan Francisco Solórzano Foppa. Lamentablemente, no se trata de una situación exclusiva del país, tal como se evidenció en la 82 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que lanzó una alerta continental por el incremento de ataques contra periodistas, restricciones de acceso a información pública, acoso judicial y hostilidad de gobernantes y funcionarios.

El informe documenta exilios forzados, censura, agresiones verbales, presiones económicas contra medios, asesinatos y desapariciones que buscan acallar voces críticas. Esto no extraña nada en países donde aún reptan dictaduras que arrastran desfasadas intolerancias, como Nicaragua, Cuba y Venezuela; pero aparecen señales de retroceso en democracias consolidadas, en las cuales funcionarios electos o designados recurren a la descalificación de los comunicadores en lugar de dar cuentas de sus decisiones, nexos o conflictos de interés.

Es irónico que en campaña electoral los aspirantes a cargos buscan divulgación de sus discursos y acciones a través de los medios e incluso aceptan dialogar con los ciudadanos en redes sociales, pero, una vez electos, rehúyen el ojo público, máxime si se trata de cuestionamientos. Las actitudes despóticas de ciertos presidentes han llegado al extremo de insultar o vedar el acceso a periodistas acuciosos, aunque a la larga eso de meter la cabeza en la arena siempre resulta inútil y contraproducente, pues, como sentenció el Salvador del Mundo, “nada hay oculto que no llegue a saberse”.

La SIP reiteró su exigencia a las autoridades de cualquier país para que garanticen el acceso a la información pública, que se investigue la violencia contra periodistas y que los funcionarios asuman el escrutinio de su gestión como parte de su trabajo, porque se trata del uso de fondos públicos que tiene efectos —benéficos o nocivos— públicos. A la larga, el ciudadano es el mejor juez de la labor de la prensa independiente, pues otorga la confianza a diario. Además, se debe decir que los Estados del continente afrontan el asedio del crimen organizado, que busca infiltrarse y detentar cargos para sus oscuros fines, los cuales incluyen el terror y la violencia: ante ese riesgo, la libertad de expresión se erige como un bastión de inclaudicable dignidad ciudadana.