El pasado 11 de julio se conoció la decisión de la Fiscalía de Delitos Administrativos con respecto al proceso contra el ex juez Miguel Ángel Gálvez, acusado por la Fundación Contra el Terrorismo de los delitos de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y detenciones ilegales, resolviendo desestimar dichos cargos y terminar el proceso iniciado por tal denuncia. La decisión estuvo basada en un serio análisis de los hechos que permitió comprobar que en las resoluciones citadas por los acusadores, no se incurrió, en ningún caso, en esos crímenes.

Al conocerse tal decisión se fijó audiencia para el próximo 14 de agosto, pero una vez publicada la decisión de la Fiscalía, Méndez Ruiz y compañía actuaron no solo para corregirles la plana sino se acusó a la fiscal Jackelinne Ernestina López Romero, quien hizo el estudio legal del caso, de la comisión de varios “delitos graves”, acusación rápidamente procesada por el mismo MP.

Hay que decir que cuando un juez no resuelve conforme a lo que pide alguna de las partes no quiere decir que haya una situación delictiva y la fiscal López Romero manifestó que las decisiones del juez Miguel Ángel Gálvez cuestionadas fueron tomadas conforme a derecho, es decir, en ejercicio de las facultades que le correspondían como titular de un Juzgado de Instancia en el ramo penal. Si se sienta el precedente de que cualquier parte puede maniobrar de forma oscura contra un juzgador que no resuelve conforme a sus peticiones, difícilmente podría alguien aceptar un nombramiento para ser juez.

Según el informe, Miguel Ángel Gálvez tomó decisiones basadas en derecho, conforme a su leal saber y entender y para probar la existencia de delitos se tienen que acompañar pruebas irrefutables. No abusa de autoridad un juez que resuelve de una u otra manera en un litigio fundamentando en derecho su decisión, como tampoco hay prevaricato si no se prueba que recibió alguna prebenda a cambio del fallo. Mucho menos incumplimiento de deberes o detenciones ilegales cuando es cabalmente su función y deber dictar órdenes de prisión cuando lo estima conveniente siempre en base a hechos reales no a simples elucubraciones. Ningún juez, sea quien sea, puede hacer cosas que no tengan sustento, es decir, resolver en base solo a caprichos de los acusadores o defensores. Ni antes, ni ahora ni en un futuro, pero según el informe del mismo MP eso no fue lo que pasó con Gálvez.

La realidad es que donde manda capitán no manda marinero y se hace obvio que en la escala jerárquica del Ministerio Público un fiscal que disponga no acatar los deseos de la Fundación Contra el Terrorismo, tendrá no solo los días contados si no se expone a ser procesado penalmente de acuerdo a esa peculiar, caprichosa y limitada interpretación de la ley que hacen Méndez Ruiz y su gente. El informe de la Fiscal -ahora acusada- fue publicado y evidencia un serio y cabal ejercicio de interpretación de la ley por lo que, a su juicio, esos delitos no existieron por más que las resoluciones de Gálvez pusieran con los pelos de punta a los de Fundaterror.